La reciente conclusión de un acuerdo entre el PSOE y Junts, para permitir la investidura de Pedro Sánchez, ha suscitado una profunda preocupación entre diversos sectores de la sociedad española.

Este pacto, que incluye el reconocimiento de Cataluña como nación y el derecho a la autodeterminación, representa un giro preocupante de los socialistas, quienes anteriormente rechazaban estas demandas. Tal concesión a Junts, liderado por Carles Puigdemont, y el empeño en una ley de amnistía sin fisuras, evidencian un potencial debilitamiento de la soberanía nacional y del Estado de derecho.

Mientras que el PSOE asegura que la ley de amnistía será sólida ante el escrutinio judicial, hay temores legítimos de que pueda carecer de robustez legal y seguir el destino de legislaciones previas que no han logrado su cometido. El paso de registrar esta ley en el Congreso, previsto para la próxima semana, está precedido por disturbios y protestas en contra de la amnistía, reprimidas con medidas cuestionables por parte del gobierno.

La rapidez con la que se ha llegado a este acuerdo tras un pacto previo entre los socialistas y ERC, y la presión ejercida desde Bruselas por los negociadores de Junts, han llevado a un intercambio acelerado de documentación para concretar este polémico acuerdo. A pesar de la afirmación de Pedro Sánchez de hacer posible un Gobierno de coalición, las implicaciones de tal alianza, particularmente en lo que respecta a la ley de amnistía, han llamado la atención de la Comisión Europea, que ha solicitado al Gobierno español una explicación detallada sobre el alcance de esta legislación.

En resumen, este acuerdo, lejos de ser una solución constructiva, ha levantado alarmas sobre la integridad territorial de España y la primacía del derecho constitucional.

La futura ley de amnistía abarcará diez años, desde la preparación en 2013 de la consulta soberanista de 2014 hasta la actualidad, e incluirá a los encausados por los desórdenes del Tsunami Democràtic y los CDR entre los beneficiados de la medida, según han explicado fuentes parlamentarias conocedoras de la negociación.

Resumen:

«Junts considera legítimo el resultado y mandato del referéndum del 1 de Octubre, así como la declaración de Independencia del 27 de octubre de 2017»

1. Contexto Histórico y Judicial: El acuerdo reduce la violencia y terrorismo de los CDR a “las complicaciones surgidas a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto catalán”.

2 Metodología: Se aprueba un “mecanismo de acompañamiento internacional” para “supervisar el proceso de reconocimiento nacional de Cataluña y la superación de limitaciones al autogobierno”

3. Propuestas Específicas:

Entre las propuestas, Junts plantea un referéndum de autodeterminación y una cláusula de excepción fiscal.

4. Amnistía y Participación Internacional: Se aprobará la Ley de Amnistía para los involucrados en el proceso independentista y se promete total participación de Cataluña en instituciones europeas e internacionales como Estado propio.

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