Pedro Sánchez encaja las piezas. Dos controvertidas reformas legales presentadas este viernes permitirán al PSOE, por un lado, controlar el Tribunal Constitucional y también, por otro lado, colmar a ERC, su principal aliado de presente y futuro, a través de una modificación a medida de uno de los delitos de corrupción (la malversación) para beneficiar a su líder, Oriol Junqueras, y proteger a otros miembros del colectivo independentista, también Carles Puigdemont.

Hoy se han dado pasos decisivos en ambos casos en el Congreso con el registro de diferentes enmiendas para cambiar el Código Penal, aprovechando que el PSOE y Unidas Podemos abrieron ese melón con una proposición de ley para eliminar el delito de sedición, también con el objetivo de favorecer los intereses políticos y judiciales de ERC y el independentismo catalán. Gracias a la utilización de esta vía, es decir, que la medida fuera presentada en el Congreso por los grupos parlamentarios socialista y morado, el Gobierno ha evitado que tengan que pronunciarse sobre el asunto órganos como el propio CGPJ, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado. No habría podido sortearles si la iniciativa hubiera partido formalmente del Ejecutivo, que es lo habitual.

En lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, PSOE y Unidas Podemos han presentado una enmienda para someter al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que le fuerzan a nombrar a los dos magistrados que le corresponden en el tribunal de garantías bajo amenaza de cárcel.

En concreto, la enmienda reforma la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos necesaria en el CGPJ para elegir a los dos magistrados del TC que le corresponden. Bastará con la mayoría simple. Se refuerza ahí el carácter imperativo del procedimiento con una cláusula de cierre que recuerda que, en caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidades "de todo orden, incluida la penal".

Esta medida se sujeta en una segunda pata. Otra enmienda cambia a su vez la Ley Orgánica 2/1979 del Constitucional para que si transcurrido el mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, "uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional".

RENOVACIÓN PENDIENTE DEL TC

Con estas dos modificaciones, el Gobierno cree que puede desbloquear los nombramientos en el CGPJ y proceder así a la renovación pendiente del Tribunal Constitucional. Con ella dará entrada a los dos magistrados que nombra el Gobierno y que son de su absoluta confianza. No en vano, ocuparon cargos políticos en este mismo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se trata del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, una ex alto cargo de La Moncloa que hasta abril fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia.

En paralelo a estos cambios, hay un segundo frente de reformas legales que pretende abaratar a medida los delitos y la corrupción del independentismo catalán que están vinculados en gran medida con los episodios que tienen que ver con el 1-O. Todo surge de la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para la eliminación del delito de sedición y su sustitución por uno de desórdenes públicos. Es una contrapartida a ERC por su apoyo a los Presupuestos, algo que reconoció recientemente el propio portavoz republicano, Gabriel Rufián, que presumió de haber usado la trascendencia de sus votos como "palanca de fuerza" para obligar al Gobierno a tomar ese camino.

DELITO DE MALVERSACIÓN

Pero el escándalo de eliminar la sedición tiene desde este viernes oficialmente una peligrosa derivada de la que se lleva hablando tiempo pero que era tan sensible y despertaba tanta controversia que se ha dejado que sea ERC quien la presentara: modificar el delito de malversación. Uno de los tipos penales más importantes para perseguir la corrupción. Este delito afecta de lleno a los cabecillas del procés, entre ellos, al líder de ERC, Oriol Junqueras, que está inhabilitado por este motivo para ejercer de cargo público y presentarse a las elecciones, a pesar del indulto que le dio el Gobierno en 2021.

Pues bien, ERC ha propuesto reducir los años de cárcel cuando no haya "ánimo de lucro" personal. Es decir, diferenciar cuando un cargo público se lleva dinero para su propio beneficio que cuando lo hace, como Junqueras, para un fin distinto que enriquecerse, aunque sean causas completamente ilegales o partidistas.

Esta modificación pide que en estos casos la malversación sea castigada con entre seis meses y tres años de prisión y con la suspensión para cargo público de uno a cuatro años. Actualmente, el Código Penal establece penas de entre dos y seis años de cárcel y una inhabilitación especial para cargo o empleo público y para presentarse a las elecciones por un tiempo de entre seis y 10 años.