Más de un mes después de entrar en España para ser hospitalizado por la COVID-19, el presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha declarado este martes por videoconferencia desde el hospital San Pedro de Logroño

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado una vez más enviar a prisión provisional o retirar el pasaporte al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, al considerar que no hay "riesgo de fuga alguno" ni "elementos siquiera indiciarios" para creerle "responsable de delito alguno".

Más de un mes después de entrar en España para ser hospitalizado por la COVID-19, el presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha declarado este martes por videoconferencia desde el hospital San Pedro de Logroño en el marco de dos querellas por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio, torturas y otros.

Delitos que el líder del Polisario ha negado haber cometido, al tiempo que ha vinculado las acusaciones en su contra a motivos "absolutamente políticos" para "tratar de minar la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino de la autodeterminación que le corresponde como territorio", como ha manifestado su abogado, Manuel Ollé.

Su declaración, rodeada de gran expectación mediática, se ha producido en medio de una profunda crisis diplomática con Marruecos y tras un cruce de acusaciones ente ambos países por romper la confianza y el respeto mutuo.

También ha coincidido con la publicación por parte de "El Confidencial" de que un avión fletado por el Gobierno argelino salió esta mañana rumbo a Logroño para recoger a Gali, pero se dio la vuelta cuando sobrevolaba Ibiza.

El Ejecutivo español ha dicho no tener constancia de ello, si bien ha asumido que el líder del Frente Polisario volverá al lugar de donde vino cuando se recupere de la covid.

Medidas

Tras su comparecencia, las acusaciones, ejercidas por un activista, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) y presuntas víctimas, han pedido una serie de medidas cautelares como prisión provisional, retirada del pasaporte, prohibición de salida del país o la colocación de una pulsera telemática.

La Fiscalía, en cambio, ha solicitado que Gali esté localizable y ha sido éste el criterio que ha seguido el juez, que ha acordado que aporte un domicilio y un teléfono para estar a disposición de la Justicia.

Pedraz no ha visto "riesgo de fuga alguno" porque "no consta" ningún dato "para apreciar" que Gali "pueda o quiera" huir de la Justicia, sobre todo cuando ha accedido a declarar al conocer las querellas "incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra", por el que podría haber pedido posponer su declaración.

Pero el juez va incluso más allá al afirmar en los autos donde rechaza las cautelares que ninguna acusación ha suministrado "elementos siquiera indiciarios" que avalen "la existencia de motivos bastantes" para considerar a Gali "responsable de delito alguno".