A pesar de la gravedad de los hechos, que conmocionaron a la opinión pública española, y de las órdenes y el despliegue que precedieron a los asesinatos, la Dirección General de la Guardia Civil ha seguido el procedimiento ordinario. Se ha encargado a la División de Recursos Humanos la elaboración de un informe para reconstruir los eventos que llevaron a la muerte de los dos agentes, posiblemente con la colaboración de Asuntos Internos, pero sin asignar responsabilidades.

Fuentes del Instituto Armado y del propio Ministerio han confirmado que no se ha iniciado ninguna investigación interna, y tampoco se prevé que se inicie alguna sobre el caso de Barbate. Este enfoque ha dejado claro que el término "investigación interna" no forma parte del ámbito administrativo de la Guardia Civil, y el asesinato de los agentes quedará enmarcado únicamente como una información reservada para consumo interno de la institución.

Sin embargo, la investigación judicial sobre el doble asesinato continúa avanzando con firmeza. Los investigadores han reunido indicios suficientes para acusar a los detenidos de asesinato, basándose en parte en una cámara de seguridad que llevaban las víctimas. Las imágenes captadas son cruciales para la causa, mostrando con claridad la intención de los narcotraficantes de embestir a los guardias civiles con el único propósito de causarles la muerte.

Las grabaciones revelan los momentos previos al impacto fatal, despejando cualquier duda sobre la naturaleza accidental de los hechos y confirmando la calificación judicial de asesinato. Este material visual ha sido fundamental para entender la dinámica de los eventos, evidenciando que los guardias civiles no tuvieron oportunidad de defenderse o evitar el ataque.

La decisión de no investigar internamente y la forma en que se está gestionando el caso ha generado críticas y cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional y la efectividad de los mecanismos de control interno en situaciones de extrema gravedad. Mientras tanto, la comunidad de Barbate y la sociedad española en general esperan justicia para los guardias civiles asesinados, en un caso que ha puesto de relieve los desafíos y peligros a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad en su lucha contra el narcotráfico.