En un nuevo capítulo del complejo caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía, el expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha presentado un recurso de súplica ante la Audiencia de Sevilla. Griñán rechaza de manera categórica la intervención de la Junta en el proceso de indulto que ha solicitado al Gobierno español, argumentando que la administración regional no es parte perjudicada en el caso ERE y, por ende, no debería pronunciarse al respecto.

La petición de indulto se enmarca en la condena a seis años de prisión impuesta a Griñán por su implicación en la malversación de la abrumadora cifra de 680 millones de euros a través de los ERE, una pena que fue suspendida debido al diagnóstico de cáncer de próstata que padece el exmandatario. Sin embargo, el llamado a la Junta de Andalucía para que emitiera su parecer sobre la solicitud de indulto generó un nuevo episodio en el ya complejo entramado legal.

Recurso de Súplica

El abogado de Griñán, José María Calero, en su recurso de súplica, insta a la Audiencia a rectificar su decisión de solicitar la opinión de la Junta en el proceso de indulto. Calero sostiene que la administración andaluza no es perjudicada, subrayando que la condena a Griñán no le atribuye responsabilidad civil ni se le imputa la generación de perjuicio alguno. En este contexto, el letrado considera «improcedente» el respaldo de la Audiencia y la Fiscalía a la intervención de la Junta como parte perjudicada.

Desde la Junta de Andalucía, se ha aclarado que la Justicia no ha solicitado expresamente que emitan una opinión sobre el indulto a Griñán, sino que informen sobre la situación de la administración como entidad perjudicada en el caso ERE. Los servicios jurídicos de la Junta asumirán la tarea de evaluar en qué medida la situación de perjudicada se ha visto afectada, contemplando posibles aspectos como la reposición del daño causado a las arcas públicas.

En paralelo, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha reiterado el compromiso de la administración regional en abordar el caso con rigurosidad técnica y jurídica. En un acto en Jabugo (Huelva), Fernández-Pacheco afirmó que el gabinete jurídico trabaja exhaustivamente para garantizar que la Junta actúe conforme a criterios objetivos en este asunto delicado.

La providencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que solicitó a la Junta pronunciarse sobre la petición de indulto destaca que la administración regional es la única parte perjudicada en este caso. Sin embargo, el rechazo de Griñán y su abogado plantean un desafío a esta consideración, dando lugar a un nuevo capítulo de incertidumbre en el proceso judicial que envuelve a figuras destacadas del ámbito político andaluz.

El análisis del impacto en las arcas públicas, la posición de la Junta como entidad perjudicada, y la respuesta jurídica ante la solicitud de indulto configuran un escenario legal complejo y de gran relevancia. En medio de este proceso, la sociedad andaluza observa con atención el desenvolvimiento de un caso que, más allá de sus implicaciones políticas, plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.