El abogado Gonzalo Boye ha transmitido hoy una información, al señalar que el exlíder de la Generalitat, Carles Puigdemont, manifiesta su disposición a retornar a Cataluña, incluso arriesgando su detención, y con la intención de postularse como candidato en las próximas elecciones al Parlament. Esta declaración, realizada en una entrevista concedida a Rac1 y reportada por Europa Press, ha captado la atención pública y política debido a las implicaciones legales y electorales que conlleva.

Boye ha abordado la posibilidad de que las autoridades españolas procedan a la detención de Puigdemont al cruzar la frontera, admitiendo que es una contingencia real. Sin embargo, subraya que esto no obstaculizaría su eventual candidatura y elección como presidente de la Generalitat, ya que esta decisión recae en el voto de los ciudadanos catalanes.

En ese sentido, el letrado recalca que la voluntad del pueblo catalán es el único factor determinante en el destino político de Puigdemont, enfatizando que cualquier eventualidad jurídica se resolverá en el marco de un sistema legal que, según él, podría verse alterado con la entrada en vigor de la Ley de Amnistía.

Boye no escatima en señalar que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, muestran un evidente temor ante la posibilidad de que Puigdemont se postule y sea elegido, reconociendo la validez de estas preocupaciones.

El abogado explica que se han establecido los protocolos legales necesarios para garantizar un retorno seguro y sin contratiempos para Puigdemont, afirmando que este estaría dispuesto a someterse a un debate de investidura una vez que la Ley de Amnistía entre en vigor.

Además, Boye destaca la importancia de la revisión judicial de los casos que podrían beneficiarse de la amnistía, incluyendo el de Puigdemont, anticipando el levantamiento de medidas cautelares que pudieran estar vigentes en su contra.

Finalmente, el letrado expresa su preocupación por la posible controversia en torno al respeto de los tribunales hacia la nueva legislación, advirtiendo sobre el riesgo de objeciones de conciencia por parte de los jueces ante una ley aprobada por el poder legislativo.