29.04.2024 |
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Lo nunca visto: El Gobierno inicia acciones legales contra la Guardia Civil, por cuestionar la amnistía de Pedro Sánchez

El Gobierno español inicia una ofensiva legal contra el sindicato líder de la Guardia Civil, Jucil, después de sus críticas a la amnistía propuesta por Pedro Sánchez. La medida, impulsada por el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha desatado tensiones sobre la libertad de expresión y el principio de neutralidad política entre los guardias civiles 
Manifestación con la pancarta de Marlaska y se vende policias. / R. Zubelzu
Manifestación con la pancarta de Marlaska y se vende policias. / R. Zubelzu
Lo nunca visto: El Gobierno inicia acciones legales contra la Guardia Civil, por cuestionar la amnistía de Pedro Sánchez

El Gobierno ha iniciado una acción legal contra el sindicato mayoritario de la Guardia Civil, Jucil, debido a sus críticas hacia la amnistía propuesta por Pedro Sánchez. El Ministerio del Interior, dirigido por el socialista y juez de carrera Fernando Grande-Marlaska, ha instruido a sus servicios jurídicos para que evalúen la posibilidad de emprender acciones legales contra Jucil. Esta medida se toma un mes después de que los aliados de Sánchez exigieran al ministro que tomara medidas contra los guardias civiles que expresaran críticas hacia la amnistía.

El Ministerio del Interior cree que ha encontrado una base legal para abordar esta demanda. La ofensiva judicial planeada por Marlaska surge después de que Jucil calificara de "felonía" las concesiones de Pedro Sánchez a los separatistas catalanes. En particular, se refiere a la amnistía acordada con el independentismo para otorgar impunidad a los delitos cometidos durante el golpe separatista de 2017, liderado por el prófugo Carles Puigdemont y que resultó en la condena de otros líderes por el Tribunal Supremo por delitos de sedición, delito que Sánchez ha eliminado del Código Penal.

En octubre de 2021, Jucil se convirtió en la organización mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, el órgano de diálogo entre los funcionarios de este cuerpo y el Ministerio del Interior. Por lo tanto, la iniciativa legal impulsada por Marlaska adquiere una importancia especial dada la fuerte representación de Jucil entre los miembros de la Guardia Civil.

El Ministerio del Interior argumenta que el derecho a la libertad de expresión no es aplicable en este caso, ya que la normativa establece que los guardias civiles deben mantener un "principio de neutralidad política", el cual, según el Ministerio, ha sido infringido al criticar la amnistía a los separatistas catalanes. 

La mayor felonia que se puede cometer contra una Nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla. El interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español.

Jucil: "Defendemos la Constitución"

El sindicato Jucil considera infundada la respuesta judicial que intenta llevar a cabo el Ministerio del Interior contra la organización. Agustín Leal, portavoz de Jucil, ha señalado a OKDIARIO que las declaraciones emitidas en ese mensaje como organización no deberían causar molestias ni preocupación, a menos que sea para delincuentes o aquellos que buscan violar la ley.

Leal critica la intención del Ministerio de Marlaska de mezclar la "neutralidad política" a la que están obligados los guardias civiles con el "derecho a la crítica política" que tiene una organización profesional legalmente reconocida, como es Jucil. Explica que, como organización, son apolíticos, pero tienen todo el derecho de criticar acciones políticas, ya que la política es parte de sus vidas y afecta a toda la sociedad. Además, enfatiza que están defendiendo la Constitución, la cual los respalda y a la que se deben ante todo.

Contradicción en la libertad de expresión La postura del Gobierno socialcomunista contrasta con su defensa sistemática de la libertad de expresión. Esto se evidencia en su oposición a la llamada "ley mordaza" cuando el PSOE la criticó por sancionar al disidente y al que protesta. Sin embargo, esta posición no se aplica a las críticas de Jucil hacia las concesiones de Pedro Sánchez a los separatistas catalanes. El Gobierno se aferra al principio de "neutralidad política" de los guardias civiles, considerándolo de mayor valor que la libertad de expresión de una organización profesional.

El Ministerio del Interior ha emprendido acciones legales debido a un mensaje difundido por Jucil en la red social X, donde se muestra un video de una intervención pública de Pedro Sánchez defendiendo la ley de amnistía. Jucil acompaña el video con reflexiones que el Gobierno considera que podrían ser penalmente castigadas. En el mensaje, el sindicato de la Guardia Civil sugiere que la amnistía responde al "interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español" y destaca que la mayor felonía contra una nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla.

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