Una investigación exhaustiva ha desvelado nuevas irregularidades en el caso que vincula a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. con el Gobierno, específicamente con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En este último capítulo de la trama, se revela que la empresa principal del entramado realizó tres entregas significativas de mascarillas a la Administración canaria con un valor total de 4.775.500 euros. Estas entregas se llevaron a cabo en los días 23, 25 y 28 de mayo de 2020.

El origen de este suministro se remonta a un pedido efectuado con antelación, el 22 de abril de 2020, por parte de la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma canaria. En ese momento, el encargado de la Consejería era el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El pedido detallaba de manera explícita que el "destino exclusivo" de las mascarillas era para "los hospitales públicos dependientes del Servicio Canario de Salud".

Sin embargo, según consta en el sumario judicial al que ha tenido acceso este medio, un informe fechado el 27 de abril ya advertía que, "según las indicaciones de los propios envases", las mascarillas en cuestión, clasificadas como KN95 FPP2, "no eran de uso médico". En consecuencia, se descartaba su "idoneidad" para que el personal sanitario las utilizara durante la emergencia sanitaria.

Estas mascarillas fueron adquiridas por Soluciones de Gestión en dos facturas, identificadas como número 20043 y 20044, con montos de 2.805.000 euros y 1.970.000 euros, respectivamente. Sorprendentemente, estas transacciones fueron aprobadas mediante una Orden directa del Consejero de Sanidad, quien asumió el cargo de manera interina apenas once días después de la declaración del estado de alarma.

En el marco de esta investigación, surge un hecho intrigante relacionado con el periodo inicial de la pandemia, específicamente el 23 de marzo de 2020. En esa fecha, Conrado Domínguez, uno de los protagonistas de la trama de las mascarillas, fue designado coordinador del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria. Hasta la fecha, no se ha logrado localizar ningún acuerdo gubernativo ni documentación que respalde la constitución de dicho comité.

Durante este periodo crítico, se observa una serie de decisiones controvertidas en la gestión de recursos. Se llevaron a cabo contrataciones de material, incluyendo millones de unidades de mascarillas, utilizando el procedimiento de urgencia. Sorprendentemente, no se realizó una verificación mínima de la calidad del producto ni de la experiencia de la empresa adjudicataria.

Las justificaciones esgrimidas por las autoridades se apoyaron en las circunstancias de emergencia que prevalecían en ese momento, la escasez de material de protección a nivel internacional y la abrumadora demanda de acceso al mismo. Bajo estas premisas, el Gobierno de Torres autorizó el aprovisionamiento de mascarillas de máxima seguridad, en varios pedidos que, paradójicamente, nunca llegaron a utilizarse.

La ineficacia de estas adquisiciones se hizo patente cuando, una vez pagadas, las mascarillas no llegaron a su destino o, si lo hicieron, no cumplían con las "garantías exigibles". En ese caótico escenario, los hospitales se vieron desbordados de enfermos y el personal sanitario, desesperado, utilizaba incluso bolsas de basura selladas como trajes de aislamiento.

El informe de valoración de Equipos de Protección Individual, emitido más de un mes antes de la entrega del primer pedido de Soluciones de Gestión, señalaba claramente la inadecuación de las mascarillas. Este documento revela que las mascarillas, aunque indican en la etiqueta que cumplen con el estándar chino, carecen del certificado CE europeo y la norma EN aplicable. Esta falta de certificación crucial, que debería ir acompañada de la codificación del Organismo Notificado pertinente, era un requisito esencial para un Equipo de Protección Individual (EPI) de categoría III.

En cuanto a los costos, las mascarillas fueron cotizadas a un precio unitario de 2,50 euros, sin incluir elementos adicionales como el flete y el "seguro Madrid-Tenerife Norte", que, según se indicaba en la proforma, se facturó aparte.

La trama se torna aún más cuestionable cuando se indaga en la llegada de Soluciones de Gestión a Canarias. La empresa, representada por Koldo García Izaguirre, carecía de experiencia previa en la materia y no estaba inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas (ROLECE). Además, no se encontraba reflejada en su balance contable que hubiese facturado un solo euro en los tres ejercicios inmediatamente anteriores. Su única carta de presentación en ese momento era haber contratado previamente con el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y con el Departamento de Transportes del ministro José Luis Ábalos. Esto se logró gracias a las "relaciones políticas" del que por entonces era su asesor, según consta en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

Finalmente, en las últimas horas, se ha conocido que la Fiscalía Europea ha iniciado una investigación sobre los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares en el marco de la trama de corrupción del PSOE. Estos contratos, otorgados de manera discrecional durante la pandemia, han sido objeto de sospecha, ya que se han detectado mordidas de hasta el 33%. Dichas licitaciones públicas fueron materializadas por los gobiernos socialistas autonómicos de Canarias y Baleares, liderados respectivamente por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.