La extrema izquierda (IU) ha pedido al Gobierno de Cantabria que "adapte" la Ley de Memoria de la comunidad autónoma, aprobada en noviembre de 2021, a la nueva norma nacional que se aprueba este jueves en el Congreso de los Diputados "para que recoja todo aquello que "no se atrevió a incluir".

Así lo ha reclamado, en un comunicado, el coordinador de la formación de extrema izquierda, Israel Ruiz Salmón, quien ha señalado que aspectos como la extensión del período de reparación a las víctimas de violencia política hasta 1983 fue algo que los colectivos memorialistas cántabros pidieron durante la tramitación de la Ley autonómica pero que no fue incluido.

En su opinión, haberlo hecho hubiera permitido "reparar y reconocer" a las víctimas del conocido 'caso Almería', en el que tres hombres residentes en Cantabria fueron torturados y asesinados en mayo de 1981 por agentes de la Guardia Civil cuando se encontraban en Almería.

A juicio de la extrema izquierda (IU), el Ejecutivo cántabro "dejó de lado" a estas víctimas cuando, en la tramitación de la Ley, no se aceptó ampliar el periodo al que hacía referencia la norma.

La extrema izquierda ha señalado que ahora, en la tramitación en el Congreso de la nueva ley estatal, se ha demostrado que incluir este periodo "no era un objetivo imposible" como afirmaba el bipartito regional.

Ruiz Salmón ha lamentado que los firmantes de la declaración institucional de apoyo a las víctimas del Caso Almería no hayan llevado ese compromiso al Congreso.

El coordinador autonómico de la extrema izquierda cree que "Cantabria perdió la posibilidad de adelantarse a la legislación estatal" por "falta de ambición" y por sus "pocas ganas de atender no ya al electorado progresista, sino a todos aquellos que defienden los derechos humanos y la democracia".

Por tanto, desde la extrema izquierda han pedido al Ejecutivo "que se ponga a trabajar desde ya" en "aprovechar todo el potencial que les permite la nueva legislación", desde la localización y asesoramiento de víctimas a las que resarcir, incluyendo los trabajadores forzados de lugares como el Túnel de la Engaña; la anulación de las condenas a los luchadores antifranquistas, y el reconocimiento a los guerrilleros emboscados, o la creación de espacios de memoria.