Condena ejemplar: 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y 4,5 años para Aldama
El Supremo condena a Ábalos a 24 años y a Koldo a 19 por una trama de corrupción que repartió contratos públicos, comisiones, viviendas y favores políticos durante la pandemia, mientras Aldama evita la cárcel gracias a su colaboración con la Justicia y a las revelaciones que permitieron desmantelar la organización criminal.
La decisión de la Sala Segunda supone un duro golpe para el PSOE y para el entorno político de Pedro Sánchez, ya que el Alto Tribunal considera acreditada la existencia de una organización criminal que operó aprovechando la emergencia sanitaria para obtener contratos públicos, favores administrativos y beneficios económicos a costa de recursos del Estado.
El Alto Tribunal también ha condenado al empresario y comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, la Sala ha acordado suspender el ingreso efectivo en prisión debido a su colaboración con la Justicia, una circunstancia que los magistrados consideran determinante para esclarecer el funcionamiento interno de la trama. La resolución judicial representa uno de los golpes más duros para el socialismo español desde la llegada de Sánchez a La Moncloa.
La sentencia llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, marcado por las investigaciones relacionadas con los presuntos casos de corrupción del PSOE, las revelaciones sobre las cloacas del PSOE, los audios de Leire Díez y los distintos procedimientos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno.
Una organización criminal con reparto de funciones
Los siete magistrados que integraban el tribunal han adoptado la decisión por unanimidad. En la sentencia concluyen que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama formaban parte de una organización criminal perfectamente estructurada y con un reparto de funciones destinado a obtener beneficios económicos aprovechando recursos públicos durante la pandemia.
Según el fallo, la trama utilizó la emergencia sanitaria para favorecer adjudicaciones irregulares relacionadas con el suministro de material sanitario. Los jueces consideran acreditado que existió una actuación coordinada entre los distintos integrantes de la red para garantizar contratos públicos y contraprestaciones económicas a cambio de favores políticos y administrativos.
La resolución subraya además que este tipo de conductas provocan un grave deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones y dañan la credibilidad de la Administración pública, al utilizar estructuras del Estado para beneficio particular.
Las adjudicaciones de mascarillas, en el centro de la condena
La sentencia considera probadas las irregularidades cometidas durante la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas destinadas a organismos públicos como Puertos del Estado y Adif.
Según el Supremo, los contratos terminaron beneficiando a empresas vinculadas a Aldama mediante procedimientos que vulneraron los principios de transparencia, concurrencia e igualdad exigidos por la legislación de contratación pública.
Los magistrados consideran acreditado que dichas adjudicaciones formaban parte del núcleo principal de la operativa investigada y permitieron generar importantes beneficios económicos para los integrantes de la trama.
Los pagos periódicos a Ábalos
Otro de los elementos que el tribunal considera plenamente acreditados son los pagos periódicos que habría recibido el exministro socialista.
La sentencia da por probado que Ábalos percibía alrededor de 10.000 euros mensuales destinados supuestamente a cubrir «gastos fijos», una circunstancia que los magistrados consideran incompatible con la legalidad y que constituye una de las bases fundamentales de la condena por cohecho.
La resolución judicial señala que estos pagos formaban parte de la relación económica establecida entre los integrantes de la organización y servían para garantizar la continuidad de las actuaciones investigadas.
Contrataciones públicas y viviendas bajo sospecha
El Supremo también considera acreditadas varias contrataciones de personas vinculadas al entorno de Ábalos en empresas públicas.
Además, la sentencia recoge el pago de una vivienda para una de estas personas y distintos contratos inmobiliarios que beneficiaron al exministro. Entre ellos figura un contrato de arrendamiento con opción de compra de una vivienda situada en Madrid entre Aldama y Ábalos.
Los magistrados también consideran probadas operaciones relacionadas con inmuebles en Marbella y La Línea de la Concepción que, según la resolución, guardaban relación con determinadas gestiones políticas y administrativas realizadas en favor de intereses empresariales concretos.
Aldama evita la cárcel por colaborar con la Justicia
A diferencia de Ábalos y Koldo García, Víctor de Aldama verá suspendida la ejecución de su condena.
Los magistrados destacan que su colaboración permitió descubrir una parte esencial de la operativa investigada y aportó información relevante para reconstruir el funcionamiento de la organización criminal.
La suspensión de la pena queda condicionada a que no vuelva a delinquir, presente informes semestrales de actividad y realice trabajos en beneficio de la comunidad durante un año.
La decisión convierte a Aldama en una pieza clave para futuras investigaciones relacionadas con otras causas abiertas que afectan al entorno político y empresarial investigado.
Un terremoto político para el PSOE
La condena contra quien fuera uno de los hombres fuertes del Gobierno de Pedro Sánchez representa uno de los mayores reveses judiciales sufridos por el PSOE en las últimas décadas.
La resolución llega mientras continúan abiertas otras investigaciones que afectan al entorno del Ejecutivo, entre ellas las relacionadas con Begoña Gómez, el caso Begoña, las polémicas sobre el uso del Falcon y diversas actuaciones investigadas por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo considera acreditada la existencia de una trama organizada que aprovechó la crisis sanitaria para obtener beneficios económicos a costa de recursos públicos, marcando un antes y un después en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de la democracia reciente.