En un movimiento que recuerda a las tácticas políticas de antaño, Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, ha iniciado su andadura en el Gobierno español con un paso sorprendente y controversial. Han presentado una querella ante el Tribunal Supremo dirigida al presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y a los vocales conservadores por su oposición a la ley de amnistía. Este acto, según Sumar, constituye una "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso y una actuación que consideran "ilegal, arbitraria y, con todo el respeto, irresponsable".

Este paso ha generado tensiones dentro de la coalición de gobierno, ya que el PSOE se ha desvinculado por completo de la querella presentada por su socio, Sumar. Afirman que es una decisión exclusiva de Sumar y se enmarca en su ámbito de "autonomía" como partido. La querella coincidió con una reunión entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente interino del CGPJ, añadiendo una capa adicional de complejidad a esta situación.

Por otro lado, el Partido Popular (PP) interpreta esta querella como una acción del Gobierno, aunque señalan que Sumar está realizando el "trabajo sucio". Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha expresado su opinión al respecto, afirmando que "Sumar, o sea, el Gobierno, se querella contra los magistrados del CGPJ. Primero ofrecen impunidad a sus socios, después anuncian vigilar a los jueces desde el Congreso y ahora, directamente, les denuncian por defender la democracia. Quieren una Justicia a su servicio".

La querella presentada por Sumar pone de manifiesto las diferencias de criterio entre Sumar y el PSOE sobre cómo forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En su pacto de coalición, ambas partes no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo abordar este tema, lo que ha llevado a una situación ambigua y sin una estrategia clara.

El objetivo de Yolanda Díaz parece ser limitar aún más las atribuciones del CGPJ mientras sigan los mismos vocales y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para destituirlos si el bloqueo continúa, dejando vacantes sus puestos a la espera de un acuerdo. Esto plantea desafíos significativos en un contexto político donde la independencia del poder judicial es un tema candente.

La querella presentada por Sumar representa un desafío más en el complejo panorama político español, donde la relación entre los partidos de la coalición de gobierno se ve sometida a tensiones y diferencias de enfoque.