La Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, ha emitido su dictamen final sobre la polémica Ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts, relativa al borrado penal del procés, apenas un día después de su aprobación en la Cámara Baja española. Este dictamen, que ha generado gran expectación en el ámbito político y jurídico, plantea consideraciones cruciales sobre la naturaleza y procedimiento de la amnistía en el contexto español.

Uno de los puntos destacados del dictamen es la sugerencia de que la aprobación de una amnistía debería requerir una mayoría reforzada en el Congreso, en contraposición a una mera mayoría absoluta. Este llamado a una mayoría cualificada resalta la importancia y trascendencia de una medida de esta índole, que afecta profundamente al sistema legal y político del país.

Otra preocupación expresada por la Comisión de Venecia es el procedimiento de urgencia utilizado para la tramitación de la Ley, que se presentó como una Proposición de Ley de un grupo parlamentario en lugar de un Proyecto gubernamental. Esta elección, según el dictamen, privó a la normativa de los informes preceptivos del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, que habrían proporcionado una evaluación exhaustiva y una base jurídica más sólida.

En términos de contenido, la Comisión subraya que las leyes de amnistía no deben diseñarse para beneficiar a individuos específicos, sino que deben cumplir con principios de justicia y equidad. Esto plantea interrogantes sobre las enmiendas realizadas al texto para garantizar la inclusión del líder separatista Carles Puigdemont, lo que algunos interpretan como una concesión política en lugar de un principio legalmente sólido.

Además, la Comisión insta a acotar tanto el alcance material como temporal de la aplicación de la Ley, argumentando que el legislador español no ha proporcionado una explicación suficiente sobre las fechas elegidas. Esta recomendación busca garantizar que la amnistía no tenga un alcance excesivamente amplio o prolongado, limitando así su impacto y asegurando su coherencia con el marco legal europeo.

Uno de los aspectos más delicados abordados por la Comisión es la necesidad de establecer una relación más directa entre los actos preparatorios de los referendos separatistas catalanes en 2014 y la consulta inconstitucional del 1-O de 2017, y los actos de malversación y corrupción que quedarían amnistiados. Esta conexión busca evitar que la Ley de amnistía borre responsabilidades penales sin una evaluación adecuada de los hechos subyacentes y su gravedad.

Por otro lado, la Comisión también enfatiza la importancia de definir claramente el delito de terrorismo y especificar qué tipología del mismo quedaría penalmente borrada, una vez excluidas las violaciones graves de derechos humanos. Esta exigencia busca evitar ambigüedades y garantizar que la Ley no amnistíe acciones terroristas o similares que merecen una condena firme.

En cuanto al proceso de revisión y comunicación del dictamen, la Comisión ha seguido un protocolo riguroso, consultando a diversas partes interesadas y recopilando información relevante antes de emitir su veredicto. Este enfoque garantiza la imparcialidad y la integridad del proceso de evaluación, así como la calidad y autoridad de las recomendaciones formuladas.

En conclusión, el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la Ley de amnistía española plantea una serie de consideraciones críticas que requieren una atención cuidadosa y una reflexión profunda por parte de los actores políticos y jurídicos del país. Desde la necesidad de una mayoría reforzada en el Congreso hasta la clarificación de los criterios para la amnistía, estas recomendaciones apuntan a fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la coherencia del sistema legal español con los estándares europeos.