El acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido un paso significativo para resolver un conflicto que ha persistido desde diciembre de 2018. Estas son las cuatro claves del acuerdo:

1. Observador Europeo para verificar imparcialidad:

   • La propuesta impulsada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sugiere la intervención de un observador europeo para verificar la imparcialidad de los perfiles de los candidatos a sustituir a los vocales actuales del CGPJ. Esta medida busca evitar que los socialistas intenten controlar la mayoría del CGPJ, además de contar con el respaldo de la Comisión de Justicia de la Unión Europea (UE).

2. Desbloqueo de nombramientos:

   • El bloqueo por parte del Gobierno al CGPJ en la función de nombramientos ha dejado al Tribunal Supremo (TS) al borde del abismo, operando con un 30% menos de magistrados de los legalmente previstos. La renovación permitirá cubrir las 86 vacantes pendientes, evitando así un colapso judicial y asegurando la continuidad del bloque mayoritario conservador.

3. Evitar un vuelco en la jurisprudencia:

   • La renovación del CGPJ impedirá que se produzca un cambio drástico en la interpretación de algunas materias legales, manteniendo una continuidad en la jurisprudencia actual. Esto afectará especialmente a casos políticos y decisiones clave del Consejo. El nuevo Consejo enfrentará la responsabilidad de realizar al menos 86 nuevos nombramientos, influyendo directamente en la configuración de las Salas del TS.

4. Compromiso con la independencia:

   • El compromiso es abordar la independencia absoluta de los componentes del CGPJ, siguiendo las recomendaciones europeas. El PP había insistido en la necesidad de modificar la ley para que los jueces elijan a sus representantes, desligando el número de vocales de la proporción de representaciones parlamentarias. Esta cuestión se abordará en una segunda fase de las conversaciones.

El acuerdo representa un avance significativo para la estabilidad judicial en España y marca un hito en la colaboración entre PSOE y PP en un tema crucial para el sistema judicial del país.