Félix Bolaños, hasta la fecha ministro de la Presidencia, asume simultáneamente la responsabilidad del Ministerio de Justicia, consolidando así una cartera que engloba las áreas de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Su gestión se enfocará en la materialización de la Ley de Amnistía, enfrentando los desafíos de superar los recursos interpuestos contra ella y salvaguardar su conformidad con la Constitución. Además, se propone la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como uno de los hitos en su horizonte político.

Bolaños, una figura destacada en la redacción de la mencionada Ley de Amnistía, delineada en el pacto entre el PSOE y los independentistas, desplaza a Pilar Llop en las negociaciones con los sectores secesionistas, a pesar de que esta última aún ostentaba el liderazgo en el Ministerio de Justicia.

La relevancia de Bolaños en la Ley de Amnistía se evidenció en la rueda de prensa posterior a su presentación, donde explicó la legislación que él mismo negoció y redactó. El siguiente paso para la aprobación de la ley implica la presentación de enmiendas por parte de los distintos partidos políticos y su posterior debate en el Senado, aunque el PP ya ha implementado una reforma reglamentaria para extender el tiempo de discusión en la Cámara Alta.

Se proyecta la posibilidad de impugnación de la amnistía ante el Tribunal Constitucional, entidad actualmente presidida por Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que sugiere una probable validación de la constitucionalidad de la ley dada la mayoría progresista en dicho tribunal. No obstante, el Gobierno contempla también la opción de llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde la defensa del país recaería en los abogados del Estado, dependientes del Ejecutivo.

En cuanto a la reforma del CGPJ, Bolaños se encuentra ante la tarea de abordar la renovación de un órgano cuyos vocales llevan casi una década en funciones. La sustitución de estos vocales requiere un acuerdo amplio respaldado por tres quintas partes del Congreso, lo que implica la necesidad de un consenso entre el PSOE y el PP.

El PP ha manifestado su negativa a proceder con la renovación, especialmente después de cambios en el Tribunal Constitucional que lo han inclinado hacia simpatizantes del PSOE. Además, la omisión de un magistrado conservador como vicepresidente del tribunal ha generado descontento en el partido, fortaleciendo su escepticismo hacia el PSOE y la decisión de no renovar el CGPJ.

Ante la propuesta inicial de una reforma legislativa para reducir las mayorías necesarias en la elección de vocales, el PSOE dio marcha atrás, inquietando a Bruselas. El nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, rechazó la idea de que los jueces se elijan entre ellos de manera independiente, subrayando que, al igual que los políticos, los jueces deben ser elegidos por los ciudadanos en un Estado de derecho y una democracia, de acuerdo con la Constitución. En esta nueva legislatura, y en caso de persistir el bloqueo, el Gobierno se plantea modificar las mayorías requeridas para la renovación del CGPJ, buscando una representación mayoritariamente progresista en el órgano de gobierno del Poder Judicial.