La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha mantenido firme frente a las exigencias de dimisión por su vinculación con el caso Koldo, un escándalo relacionado con contratos de mascarillas durante la pandemia. A pesar de las crecientes demandas por parte de la oposición y ciertos miembros de su propio partido, Armengol declara que su administración "no está imputada", marcando una postura desafiante ante el Partido Popular (PP), quien ha sido especialmente crítico con su gestión.

Tras dos semanas de silencio, Armengol rompió su mutismo para defender su actuación en el caso Koldo, relacionado con la adjudicación de contratos a una empresa específica para el suministro de mascarillas. Según Armengol, ella "no" estaba "en los expedientes" y atribuye la responsabilidad a los servicios de salud de Baleares. Sin embargo, su relación con la empresa principal bajo sospecha ha levantado interrogantes sobre su integridad, especialmente después de que se modificaran contratos y se recomendara a dicha empresa a pesar de los problemas en la transacción.

La líder socialista atacó al PP, acusándolo de señalarla sin fundamentos y de involucrarla en el sumario sin evidencia concreta. La mención de Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, en un informe de la Unidad Central Operativa por una supuesta reunión no realizada con Koldo García, añade más tensión al ya cargado ambiente político.

Armengol, quien pasó de presidenta de Baleares a presidenta del Congreso, se ha visto en el centro de críticas no solo por su negativa a renunciar, sino también por acusaciones de obstruir el traspaso de poder a Marga Prohens, su sucesora del PP. A pesar de las afirmaciones de colaboración, la transición ha sido cualquier cosa menos fluida, lo que ha exacerbado las críticas hacia su persona.

Defendiéndose como víctima de circunstancias políticas, Armengol insistió en que su administración actuó de manera correcta y oportuna en la adquisición de mascarillas, incluso recomendando proveedores a otras administraciones. Su defensa se centra en la responsabilidad y diligencia con la que su gobierno intentó manejar la crisis sanitaria, a pesar de las alegaciones de corrupción.

En un giro inesperado, el PP demanda la dimisión de Armengol como presidenta del Congreso, argumentando que su implicación en investigaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Europea la inhabilitan para el cargo. Esta presión se suma a la ya intensa atmósfera de confrontación política, donde la responsabilidad y la integridad se encuentran en el punto de mira.

La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación sobre los contratos firmados no solo en Baleares sino también en el Servicio Canario de Salud, lo que amplía el alcance del escándalo Koldo. Con acusaciones de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, el caso promete mantenerse en el centro de la atención mediática y política.

Un pago cuestionable sin contrato formalizado subraya la gravedad de las acusaciones contra Armengol y su administración. La transferencia de 3,7 millones de euros a la empresa en el corazón del caso Koldo, sin la debida formalización de contrato ni la verificación de la validez de las mascarillas, plantea serias dudas sobre la gestión y la ética de su gobierno.

Francina Armengol, entre la espada y la pared, enfrenta el reto de preservar su nombre y legado político en medio de un torbellino de acusaciones y demandas de responsabilidad. Con un futuro incierto, la política española se encuentra una vez más en el punto de mira, navegando entre las aguas turbulentas de la controversia y el escrutinio público.