La Fiscalía Europea ha tomado la decisión de abrir una investigación en relación con los contratos celebrados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para la adquisición de mascarillas, en el contexto de la presunta trama de corrupción vinculada al PSOE, donde se habrían obtenido sobornos a cambio de la concesión de contratos durante la pandemia de COVID-19. Estas licitaciones públicas fueron realizadas por los respectivos gobiernos socialistas autonómicos de Canarias y Baleares, liderados por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

El anuncio de la Fiscalía Europea se produce después de recibir una denuncia por parte de un particular y llevar a cabo diversas medidas para verificar su competencia para investigar los hechos denunciados.

Esta decisión ha desmontado el argumentario utilizado por el PSOE para defender a Armengol, quien ha sido considerada como una "víctima" según la portavoz del partido, Esther Peña. Peña afirmó en una rueda de prensa que la reclamación de Armengol por valor de 2,6 millones de euros puso nerviosa a la presunta trama de corrupción. Sin embargo, el Partido Popular ha solicitado formalmente la dimisión de la presidenta del Congreso debido a su presunta implicación en la causa de corrupción.

Por otro lado, durante su mandato como presidente de las Islas Canarias, el ministro de Política Territorial adjudicó durante la pandemia contratos por un total de 12,2 millones de euros, distribuidos en un total de 11 contratos, a la empresa beneficiaria de los sobornos.

Los delitos investigados por la Fiscalía Europea incluyen malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, en conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea, basándose en la información recopilada de diversas fuentes, incluyendo la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional.