En plena ofensiva de la izquierda mediática y política encabezada por el Gobierno de Pedro Sánchez, con la ayuda de la antigua dirección del PP de Pablo Casado, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y, en los últimos días, contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha pasado desapercibido que tres altos cargos del Ejecutivo de PSOE y Podemos están imputados por la compra de material sanitario durante los meses más duros de la pandemia del coronavirus.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, la responsable de llevar a juicio estos contratos del Gobierno, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha contado en qué consiste esta manera de hacer oposición y quiénes son estos tres imputados: "Alfonso Jiménez Palacios, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA); Paloma Rosado, directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación y Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia".

Según la responsable jurídica de Vox estos altos cargos de Sanidad y Hacienda están imputados porque fueron los que "firmaron los contratos en esas fechas según el portal de Transparencia", donde han "extraído toda la información". Marta Castro ha explicado que en los peores meses de la pandemia cuando "estábamos todos confinados" desde el partido de Santiago Abasacal hicieron "un trabajo inconmensurable".

Ha relatado que se trató de "una actividad de control" y "seguimiento puntual diario" gracias a la que descubrieron que "en trece de estos contratos no sólo había irregularidades" sino que muchos de ellos "se salían del procedimiento". Ha puesto de ejemplo cómo "en todas las empresas chinas ni siquiera aparecía ninguna identificación y de los trece contratos había ocho que eran con empresas chinas". "En el juzgado nos aclararon esas empresas fueron facilitadas por el embajador de España en Pekín", ha añadido.

"De algunas empresas, incluso españolas, nos resultó muy sorprendente porque se apartaban de todo procedimiento", ha señalado la experta jurídica de Vox. Marta Castro ha contado que "para poder contratar las empresas tienen que tener unos requisitos establecidos por la ley, incluso para los periodos de urgencia". En estas empresas "su objeto social era diferente y carecían de experiencia" y "no nos resultaba muy adecuado que algunas empresas fueran válidas para traer material urgente que se necesitaba. No tenían contactos y tampoco tenían trabajadores. Rechinaba muchísimo lo que se estaba tratando".

Paraguas normativo anterior al estado de alarma

Marta Castro ha señalado que les llamó "mucho" la atención que "el paraguas normativo que amparaba estos contratos es un Decreto Ley de 12 de marzo que es anterior al del estado de alarma que fue del 14 de marzo". "Resulta que tenemos un dato más de que el Gobierno ya el 12 de marzo tenía preparado un Decreto Ley para amparar estos contratos", ha destacado la responsable jurídica de Voz que ha recordado que ese primer estado de alarma que decretó el Gobierno de Pedro Sánchez fue declarado ilegal gracias a su partido.

Ha explicado que "el procedimiento de urgencia, como recordó la Junta de Contratación, dispone de una rapidez y acortamiento de los plazos que elimina algunas formalidades e incluso se puede contratar de alguna manera anormal pero luego se puede subsanar. Sin embargo, esto tienen que seguirse porque hay unos límites que no pueden ser obviados por la administración".

Otro de los asuntos que ha destacado es cómo no se está hablando de esto y ha señalado que en estos dos años "el procedimiento ha ido excesivamente lento". "Ratificamos la querella en septiembre y luego han esperado mucho tiempo para realizar esta averiguación", ha apuntado. Para Castro "resulta muy sorprendente que coincida también en fechas" con los ataques hacia Ayuso y Almeida.

También ha dicho que otro aspecto que le "resultó muy llamativo" es que "en las declaraciones de los investigados no estuviera presente el Ministerio Fiscal que es el que está acusando en los otros contratos". "Es muy llamativo que la Fiscalía no esté presente en cualquier procedimiento que por ley tenga que estarlo", ha apuntado.

Los tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sanchez que están imputados negaron los cargos y la responsable jurídica de Vox ha dicho que van a tratar de ampliarlo "por otra empresa que está relacionada" y que está pendiente de la decisión judicial. Cree Marta Castro que "es una oportunidad increíble para que se analice cómo se hicieron las cosas", que "desde luego se hicieron mal". "Lo que se demuestra de la declaración es la mala gestión con la que se realizaron" estas contrataciones y que "queda en evidencia y eso no lo podemos olvidar porque tuvo su contrapartida en vidas", ha añadido.

MÁS DE 300 MILLONES DE LAS ARCAS PÚBLICAS

Sobre lo inadecuado de las empresas, los querellados explican que "el listado de los contratantes lo facilitó el embajador de España en Pekín" y que ellos no tenían información al respecto ni "ninguna responsabilidad". "El caso es que 310 millones de arcas españolas fueron a empresas chinas, en muchos casos con deficiencias, sin saber quiénes eran ni qué experiencia tenían, sin examinar su idoneidad", ha concluido Castro.