La Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado este jueves, 23 de mayo, hacia España, pidiendo cambios en las normas fiscales relacionadas con la tributación de no residentes. Este ultimátum llega después de un largo período de examen de las políticas fiscales de España por parte de las autoridades de la UE, que han identificado ciertas prácticas que consideran discriminatorias y contrarias a las reglas de la Unión Europea.

El problema específico que ha llevado a este dictamen motivado es el tratamiento fiscal diferenciado entre residentes y no residentes en lo que respecta a los beneficios de capital. Actualmente, en España, los residentes tienen la opción de pagar impuestos sobre ganancias de capital en el momento de su devengo o aplazar el pago y hacerlo en plazos proporcionales. Sin embargo, los no residentes no disfrutan de esta opción y deben pagar impuestos en el momento de la transferencia de activos.

Esta disparidad en el tratamiento fiscal ha sido objeto de críticas por parte de la Comisión Europea, que considera que discrimina injustamente a los no residentes y viola los principios de libre circulación de capitales dentro de la UE. Según las normas de la UE, los Estados miembros deben tratar a los no residentes de manera equitativa en materia de impuestos, sin imponer cargas adicionales o restricciones que no se apliquen a los residentes.

El dictamen motivado enviado a España es la segunda fase de un procedimiento sancionador que se inició en diciembre de 2021, cuando la Comisión Europea abrió una investigación formal sobre las prácticas fiscales del país ibérico. Durante este período, se han llevado a cabo consultas y se han intercambiado información entre las autoridades españolas y la Comisión Europea en un esfuerzo por resolver la cuestión de manera amistosa.

Sin embargo, dado que no se ha llegado a una solución satisfactoria, la Comisión Europea ha decidido proceder con el dictamen motivado, otorgando a España un plazo de dos meses para tomar medidas correctivas. Durante este período, se espera que las autoridades españolas revisen y modifiquen las normas fiscales relacionadas con la tributación de no residentes para garantizar su plena conformidad con la legislación de la UE.

Si España no cumple con los requisitos establecidos en el dictamen motivado dentro del plazo especificado, la Comisión Europea podría decidir llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese caso, el tribunal tendría la autoridad para determinar si las prácticas fiscales de España son compatibles con el derecho de la UE y emitir un fallo vinculante sobre el asunto.

La reacción de las autoridades españolas ante este ultimátum de la Comisión Europea ha sido mixta. Por un lado, algunos funcionarios han expresado su disposición a cooperar con la UE y hacer los cambios necesarios en las normativas fiscales para cumplir con las reglas europeas. Por otro lado, también ha habido voces que han criticado la intervención de la UE en asuntos fiscales nacionales y han defendido la soberanía fiscal de España.

En cualquier caso, el resultado final de este conflicto entre España y la UE sobre las normas fiscales para no residentes aún está por verse. Si bien España tiene la oportunidad de corregir sus prácticas fiscales y evitar acciones legales, el resultado final dependerá de la voluntad política y la capacidad de llegar a un compromiso mutuamente aceptable entre ambas partes.

En última instancia, este caso destaca la importancia de la cooperación y el diálogo entre los Estados miembros de la UE y las instituciones europeas para garantizar el respeto de los principios fundamentales de la Unión, incluido el principio de no discriminación en materia de impuestos. La resolución de este conflicto también podría sentar un precedente importante para futuras disputas entre la UE y sus Estados miembros en materia de política fiscal y económica.