El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cerró el Spain Investors Day con un discurso que generó controversia debido a afirmaciones discordantes sobre la deuda pública del país. Aunque adoptó un tono triunfalista, Sánchez afirmó que su gobierno redujo en veinte puntos la deuda pública desde el inicio de la emergencia sanitaria, contradiciendo datos oficiales que indican un aumento de ocho puntos, situándose en el 109,9 % del PIB.

La falta de explicaciones por parte del presidente sobre esta discrepancia levanta interrogantes sobre la transparencia y la precisión de la información proporcionada por el gobierno. Este tema adquiere relevancia en el contexto de la vigilancia de Bruselas sobre las finanzas públicas, con la reintroducción este año de las reglas fiscales de la Unión Europea.

Sánchez reconoció la importancia de controlar la deuda y el déficit, destacando que será fundamental para mantener la estabilidad financiera del país, a pesar de los datos que muestran un aumento de la deuda pública en los últimos años.

Otro aspecto abordado en el discurso fue la seguridad jurídica, una preocupación central para los inversores internacionales. Sánchez respondió a estas inquietudes asegurando que la fortaleza institucional y democrática de España figura entre las mejores del mundo, buscando así tranquilizar a los potenciales inversores.

En relación con los fondos europeos Next Generation, el presidente se comprometió a "dar la batalla" en Bruselas para asegurar una segunda edición a partir de 2026. Destacó la necesidad de estos recursos para impulsar la transformación digital y la transición ecológica tanto en España como en el conjunto de Europa. A pesar de reconocer retrasos en la aplicación de las ayudas, Sánchez insistió en que España lidera en la recepción y ejecución de los fondos europeos. Mencionó que se han activado recursos por valor de 34.000 millones de euros con más de 600.000 beneficiarios, aunque no detalló que más del 60 % de estos beneficiarios son entidades públicas, un dato relevante que se conoció tras la divulgación de la lista de los cien principales beneficiarios. Este último aspecto ha generado ciertas críticas respecto a la distribución de los fondos y la falta de claridad en la comunicación gubernamental.