Uno de los indicadores clave para evaluar la gestión presupuestaria en el ámbito de la vivienda es el porcentaje de ejecución presupuestaria. Este indicador refleja la cantidad de recursos que efectivamente se han gastado en comparación con el presupuesto total asignado para un determinado período. Una ejecución presupuestaria baja puede ser indicativa de problemas en la planificación, gestión o implementación de políticas, así como de posibles deficiencias en los mecanismos de control y supervisión.

En el caso específico de España, los datos de ejecución presupuestaria para el año 2023 en el área de vivienda han generado preocupación y debate. Según información proporcionada por la Intervención General del Estado (IGAE), de los más de 5.000 millones de euros presupuestados para la partida de Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación en 2023, solo se ejecutaron 2.487.911 millones, lo que representa el 49,4% del total. Esta cifra es notablemente inferior al porcentaje de ejecución en otras áreas prioritarias, como justicia, defensa o servicios sociales, donde supera el 95%.

La baja ejecución presupuestaria en vivienda ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad española. Se ha cuestionado la eficacia de las políticas implementadas por el gobierno en este ámbito, así como la capacidad de gestión y planificación de los recursos destinados a la vivienda. Además, se ha planteado la necesidad de revisar y mejorar los mecanismos de control y supervisión para garantizar una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos.

Es importante señalar que la partida presupuestaria para Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación en 2023 incluía ayudas destinadas tanto a la construcción de viviendas de alquiler social como a la eficiencia energética de los hogares o la emancipación de los jóvenes. Estas medidas tienen como objetivo abordar diferentes aspectos de la problemática habitacional en España, incluyendo la falta de vivienda asequible, la baja calidad de algunas viviendas y la dificultad de acceso para determinados grupos de población, como los jóvenes o las familias con ingresos bajos.

El compromiso del gobierno de Pedro Sánchez de habilitar hasta 183.000 viviendas de alquiler social, con el objetivo de elevar el parque público hasta el 9%, ha sido uno de los puntos centrales de su agenda política en materia de vivienda. Sin embargo, la baja ejecución presupuestaria en este ámbito ha generado dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir con estas metas y ha suscitado críticas por parte de la oposición y de diversos sectores de la sociedad.

El presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, ha señalado que la falta de efectividad en las políticas de vivienda se refleja también en las ayudas a la rehabilitación. Según Salcedo, el plan estatal de vivienda, en vigor hasta 2025, tiene destinados 3.420 millones para el período, lo cual equivaldría a unos 900 millones por año. Sin embargo, en el año 2024, solo se aprobaron 430 millones para la rehabilitación de vivienda, lo que representa una cifra significativamente inferior a las necesidades del sector.

En este sentido, Salcedo ha criticado la insuficiencia de las ayudas destinadas a la rehabilitación, señalando que las mismas son insuficientes para abordar los problemas estructurales del parque de viviendas en España. Según el experto, la ayuda a la rehabilitación apenas alcanza los 2.687 euros por vivienda, lo que resulta insuficiente para realizar reformas significativas y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Por otro lado, el gobierno ha anunciado recientemente la eliminación de las Golden Visa, un programa de residencia para inversores extranjeros que otorga la residencia en España a cambio de una inversión mínima en bienes inmuebles. Esta medida ha sido impulsada por Bruselas con el objetivo de combatir la especulación inmobiliaria y promover una mayor transparencia en el mercado de la vivienda. Sin embargo, algunos expertos han criticado esta medida, señalando que la misma tendrá un impacto limitado en el mercado inmobiliario y que no aborda las causas fundamentales de la especulación y la falta de vivienda asequible en España.

En este sentido, Julián Salcedo ha calificado la eliminación de las Golden Visa como una medida «demagógica» y ha señalado que la misma no resolverá los problemas estructurales del mercado inmobiliario español. Según Salcedo, las Golden Visa representan menos del 1% de las ventas de viviendas en España y no son la principal causa de la especulación inmobiliaria. Además, el experto ha señalado que la mayoría de los beneficiarios de las Golden Visa son inversores chinos y rusos, que representan más del 80% de los solicitantes, y que la inversión no se limita necesariamente a viviendas de lujo, sino que también puede incluir otros tipos de inmuebles o inversiones en el sector inmobiliario.

En este contexto, el gobierno ha convocado una reunión con el sector inmobiliario para discutir la situación del mercado de la vivienda y buscar soluciones a los problemas existentes. En la reunión, que se celebrará este jueves, participarán representantes de asociaciones como la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), la Confederación Nacional de Constructores (CNC) o la Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV), así como las patronales bancarias como la AEB y Ceca.

Los asistentes a la reunión tienen previsto plantear al gobierno la necesidad de aumentar la oferta de vivienda y revisar las restricciones de precios impuestas por la Ley de Vivienda. Según el sector inmobiliario, estas restricciones están teniendo un efecto negativo en el mercado de la vivienda y están contribuyendo a la escasez de oferta y al aumento de los precios en algunas zonas del país.

La reunión con el sector inmobiliario se enmarca en una serie de medidas anunciadas por el gobierno para abordar la situación del mercado de la vivienda. Entre estas medidas, se incluye la activación de una línea de 2.500 millones de euros en avales para hipotecas de jóvenes y familias con menores a cargo, así como el compromiso de construir más viviendas de alquiler social en colaboración con entidades locales y comunidades autónomas.

En este sentido, el ministerio de Vivienda ha asegurado que la construcción de viviendas de alquiler social se elevará hasta 24.964 unidades, un 25% más que las comprometidas con la Unión Europea. Para financiar estas viviendas, la Sociedad Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, recibió una transferencia de capital de 882 millones en 2023, lo que refleja el compromiso del gobierno de aumentar la oferta de vivienda asequible en el país.