El Banco de España (BdE) ha lanzado una alerta contundente sobre el deterioro institucional que ha aquejado a España, identificándolo como uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta la economía del país. Esta advertencia se desprende del informe anual de 2023, presentado este martes en medio de un contexto político marcado por la ausencia de dimisiones en el liderazgo gubernamental.

En el documento, según publica VozPópuli, el BdE resalta que el debilitamiento en la confianza en las instituciones y la percepción sobre su calidad ha sido particularmente pronunciado en comparación con otros países de la región. Para respaldar esta afirmación, el informe cita datos del Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial, destacando una reversión en la posición de España desde 1998, cuando se situaba por encima de la media de la zona euro en términos de calidad institucional.

Además, el informe hace referencia al Eurobarómetro de la Comisión Europea, el cual muestra una disminución en los niveles de confianza de los ciudadanos españoles hacia los partidos políticos, el Gobierno nacional, el Parlamento y el sistema judicial, en el período comprendido entre 2007 y 2023. Estos resultados posicionan a España por debajo de otras grandes economías de la Unión Europea en términos de confianza institucional, a excepción del sistema judicial, donde sigue ocupando el segundo lugar después de Alemania.

En una declaración, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, subrayó las preocupaciones expresadas recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a los posibles impactos negativos de la fragmentación política continua en España sobre la economía.

El informe también destaca las implicaciones económicas del deterioro institucional, señalando que la calidad de las instituciones y el nivel de confianza que generan son determinantes clave del crecimiento a largo plazo. En este sentido, el BdE enfatiza la necesidad de mejorar la calidad regulatoria y la eficacia del sistema judicial español, identificando estas deficiencias como factores que afectan negativamente al tamaño empresarial y a la productividad.

Asimismo, el BdE hace un llamado a impulsar la eficacia y la eficiencia de las Administraciones Públicas españolas, con el objetivo de aumentar la productividad y generar un efecto positivo en las decisiones de gasto, inversión e innovación del sector privado. Además, destaca la importancia de implementar medidas como la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la valoración de reformas en el ámbito de la Función Pública, como parte del Componente 11 del Plan de Recuperación destinado a la modernización de las AAPP, con una asignación presupuestaria de más de 4.200 millones de euros.