El Partido Popular (PP) ha presentado una serie de iniciativas parlamentarias destinadas a respaldar a los individuos afectados por las modificaciones recientes en la Ley de Costas. Estas modificaciones, según el PP, han generado preocupación al reducir significativamente el período de renovación de las concesiones para los propietarios de terrenos de dominio marítimo-terrestre. El reglamento anterior otorgaba un plazo de 75 años para estas renovaciones, mientras que la nueva normativa establece un período de tan solo cinco años.

En un primer movimiento, el PP ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de Cantabria de diversas figuras clave, incluyendo al jefe de la Demarcación de Costas, representantes de los colectivos de afectados y un representante del Gobierno de Cantabria. Se prevé que estas comparecencias tengan lugar en febrero y marzo, con el objetivo de examinar detenidamente el estado actual de los procedimientos de prórroga de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre. Esto incluirá la revisión de cuántos de estos procedimientos se han resuelto, cuántos aún están pendientes de resolución, los motivos que han llevado a la fijación de los nuevos plazos y cómo estas modificaciones están afectando a la actividad económica que se desarrolla en estos terrenos.

Iniciativas en el Senado. Adicionalmente, el PP ha registrado una serie de preguntas escritas y orales en el Senado con el propósito de esclarecer las razones detrás de la decisión del Gobierno de España de limitar las prórrogas de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre a períodos de cinco años. Esta medida, según el PP, obligaría a los afectados a recurrir nuevamente a los tribunales, a pesar de haber obtenido previamente el derecho a prolongar sus concesiones.

Los representantes del PP, el diputado y senador autonómico Íñigo Fernández y el senador Juan Carlos García, dieron a conocer estas iniciativas en las Marismas de Carasa. Acompañados por el alcalde de Voto, Santiago del Campo; el presidente de la Junta Vecinal de Carasa, José Manuel San Emeterio; y el presidente de la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas y de la Sociedad de las Marismas de Carasa, José Luis Thomas, expresaron su solidaridad con los afectados.

Los senadores del PP afirmaron que su partido defenderá los derechos de los afectados en todas las instancias posibles, especialmente frente a lo que consideran «agresiones» por parte de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Según el PP, la interpretación «personal» de la ley por parte de la ministra ha vaciado de contenido la reforma de 2013, que buscaba permitir la prórroga de las concesiones territoriales en el dominio marítimo-terrestre. Este proceso, según los senadores, ha generado una situación de incertidumbre entre los afectados y ha tenido un impacto económico significativo en la región.

Específicamente, Íñigo Fernández subrayó que las prórrogas de las concesiones se han «paralizado» desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018, lo que está causando un perjuicio considerable a los titulares de pequeños negocios, como explotaciones ganaderas, talleres, conserveras y empresas turísticas, ubicados en los estuarios de Cantabria. El PP ha concluido que la ministra Teresa Ribera está teniendo un impacto negativo en la región y ha pedido un enfoque más equilibrado en la interpretación de la Ley de Costas.

Por su parte, Juan Carlos García, portavoz de Ganadería del PP en el Senado, criticó lo que percibe como la obstinación de la ministra contra los ganaderos y agricultores, mencionando también la inclusión del lobo en el Listado de Especies Protegidas de España (Lespre), lo cual considera una amenaza para la actividad ganadera.

En cuanto a la situación en las Marismas de Carasa, José Luis Thomas informó que esta problemática afecta a 50 propietarios, abarcando cien hectáreas de terreno agrícola en uso y 11 explotaciones ganaderas. Thomas sugiere que la solución a esta situación pasa por regresar a la reforma de la Ley de Costas realizada por el PP en 2013, la cual considera beneficiosa para todos. Según él, recuperar esta legislación proporcionaría el marco jurídico necesario para que los terrenos agrarios prolonguen su vida útil y sigan contribuyendo a la producción de alimentos y al desarrollo económico de la región.

En resumen, el PP ha presentado una serie de iniciativas parlamentarias en apoyo de los afectados por las modificaciones en la Ley de Costas, criticando la reducción drástica en el período de renovación de las concesiones. Han solicitado comparecencias y registrado preguntas en el Senado para abordar estas preocupaciones. Los senadores del PP han expresado su solidaridad con los afectados y han acusado a la ministra Teresa Ribera de aplicar una interpretación restrictiva de la ley. La situación ha generado incertidumbre y perjuicio económico en la región, especialmente entre los pequeños negocios en los estuarios de Cantabria. La problemática afecta a 50 propietarios en las Marismas de Carasa, y se sugiere que la solución puede estar en volver a la reforma de la Ley de Costas de 2013.