Por primera vez en la historia de nuestro país, la esposa de un presidente del Gobierno español, está siendo investigada por corrupción por la Guardia Civil. Hoy sabemos que Begoña Gómez se encuentra bajo escrutinio por su presunta implicación en actividades corruptas y tráfico de influencias relacionadas con licitaciones públicas y su asociación con el Grupo Globalia. La Guardia Civil está revisando las recomendaciones emitidas por Gómez para empresarios que competían en licitaciones públicas, así como su posible conexión con el rescate gubernamental de Air Europa, que ascendió a más de 600 millones de euros en fondos públicos.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que la UCO es la entidad más apropiada para llevar a cabo esta investigación, dada su experiencia previa en casos similares, incluido el caso Koldo. Según fuentes de El Mundo, el juez instruyó a la UCO hace diez días para comenzar la investigación tras evaluar la gravedad de las acusaciones y su potencial conexión con otras investigaciones en curso.

Las investigaciones también abordan las relaciones profesionales y personales de Begoña Gómez con figuras clave como Carlos Barrabés y Víctor de Aldama, este último ya imputado en la trama Koldo. Barrabés, beneficiario de contratos por valor de 10 millones de euros gracias a recomendaciones de Gómez, fue contratado como profesor en un programa que ella dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Además, la intervención de Gómez habría facilitado a Aldama contratos lucrativos con Globalia, que más tarde acordó financiar el Africa Center, dirigido por Gómez, con un rescate significativo. Este acuerdo incluía cláusulas de beneficio personal para Gómez y su equipo, como 15,000 euros anuales para vuelos en primera clase.

La implicación de Gómez en estos acuerdos plantea serias preguntas sobre conflictos de interés y la integridad de las licitaciones públicas, así como la influencia indebida en las decisiones gubernamentales relacionadas con subsidios y rescates financieros a grandes corporaciones.

A medida que la investigación continúa desarrollándose, el impacto político y personal sobre el presidente Sánchez y su administración sigue siendo incierto. Las repercusiones políticas podrían ser significativas, dado el alcance y la naturaleza de las acusaciones involucradas en este caso.