El Gobierno de Cantabria aprobó ayer el plan de choque que va a movilizar 306 millones de euros en la región para hacer frente a la crisis por el coronavirus y que ha remitido al Parlamento con algunas de las propuestas que plantearon a ese documento el PP y Ciudadanos. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo cántabro, Pablo Zuloaga, ha resaltado ese acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, así como las aportaciones que han trasladado el Partido Popular y Ciudadanos, algunas de las cuales se han incorporado al plan de choque, lo que también se hizo con las acordadas con CEOE-Cepyme, UGT y CCOO en la mesa de Diálogo Social.

Sobre las propuestas del PP y Ciudadanos, que ha señalado que se incorporan al plan de choque que se ha trasladado al Parlamento cántabro para su tramitación, Zuloaga ha especificado que, entre ellas, está una iniciativa del PP, en la que ha dicho que también trabajaba la Consejería de Empleo, para llegar a acuerdos con entidades bancarias que adelanten a los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) la prestación que aún no perciben debido a que su Erte no ha podido aún ser tramitado. Zuloaga también se ha referido a otras propuestas del PP para pagar a las residencias de mayores el cien por cien de las plazas y para contratar a médicos residentes, así como dos de Ciudadanos en relación al incremento de las ayudas a familias en las que algún miembro está afectado por un Erte, o el adelanto del segundo pago del Fondo de Cooperación Municipal, que asciende a 8 millones de euros. Será en septiembre, según se recoge en ese documento, cuando se afronte el segundo pago del Fondo de Cooperación Municipal, aunque Zuloaga ha matizado que este compromiso queda sujeto a que se pueda ejecutar «en función de la tesorería de ese momento».

En cuanto al aumento de la partida de ayudas a familias en las que algún miembro está afectado por un Erte, se ha aprobado, junto a la Mesa del Diálogo Social, incrementarla de 150 a 200 euros, subida que también proponía Ciudadanos. También se va a contratar como especialista adjunto durante al menos un año, tras una propuesta del PP que ya sopesaba Sanidad, a los residentes de medicina familiar y comunitaria, pediatría y medicina preventiva y salud pública que acabaran su especialización en mayo.

Zuloaga ha explicado que muchos de sus contratos se habían tramitado por tres o seis meses, por lo que el Gobierno regional asume esta propuesta, con un coste de entre 2,5 y 3 millones de euros, teniendo en cuenta que la evolución epidemiológica del coronavirus va a requerir del trabajo de estos profesionales.

También se va a hacer un estudio jurídico de la viabilidad de pagar el cien por cien de las plazas de las residencias estén o no ocupadas, como pedía el PP, para saber «hasta donde puede llegar» el Ejecutivo autonómico. 

El PP también reclamaba agilizar la tramitación de la orden de corporaciones locales, un fondo de 31 millones que el Gobierno destina a la contratación de unas 3.000 personas, en lo que, según Zuloaga, Empleo y Políticas Sociales está trabajando para que «a lo largo de los próximos meses» los ayuntamientos puedan presentar sus solicitudes.

Reforzar la plantilla. Zuloaga ha informado que en la reunión del Consejo de Gobierno el responsable de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha dado a conocer la «necesidad» de reforzar la plantilla de la Dirección General de Salud Pública con diez profesionales de cara a elaborar el estudio sobre la evolución del coronavirus en la región, para la desescalada. 

También Rodríguez ha dado a conocer los 4,5 millones de euros que ha tenido que tramitar el Servicio Cántabro de Salud desde que se decretó el estado de alarma para, sobre todo, para adquirir equipos de protección individual para los profesiones sanitarios de Atención Primaria y de los hospitales de la comunidad autónoma.

El portavoz del Ejecutivo ha hecho, además, referencia a los convenios suscritos por la Consejería de Empleo  para la atención a menores vulnerables en la región, por importe total de 196.200 euros.

Esos convenios se han suscrito con las organizaciones Nueva Futuro (45.500 euros), Cantabria Acoge (27.700 euros), Cruz Roja (41.000), Romanes (47.000), Adaner (18.000) y la Federación de Personas Sordas (17.000 euros).