El caso Koldo ha resaltado nuevamente el uso excesivo de los contratos negociados sin publicidad, una práctica poco transparente que involucra miles de millones cada año y que ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente por parte de las pymes, debido a su falta de imparcialidad.

El contrato negociado sin publicidad permite invitar a operadores específicos para establecer las condiciones de contratación, evitando la competencia abierta y limitando las oportunidades para otros candidatos. En esencia, se trata de un contrato 'a dedo', donde la Administración elige a los licitadores.

Según datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), en el cuarto trimestre del año pasado se firmaron 4.721 contratos de este tipo, por un valor total de 5.154 millones de euros, un aumento del 356 % en comparación con el año anterior.

La mayoría de estos contratos, 4.324 millones de euros, correspondieron al Estado, mientras que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales firmaron contratos por 660 millones y 222 millones, respectivamente.

Este notable aumento se debe principalmente a contratos en el sector de Defensa, como la adquisición de aviones a Airbus por 1.695 millones de euros, el sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM) a Escribano por 576 millones, la modernización del sistema AAA Mistral a MBDA por 271 millones, y la compra de 168 misiles antitanque a Pap Tecnos por 238 millones.

Además, destacan los contratos de Correos para servicios de limpieza y control de plagas en sus edificios por un total de 68 millones de euros, a pesar de la difícil situación financiera de la empresa.

Estos contratos, que normalmente se utilizan para acuerdos armamentísticos, proliferaron durante la pandemia debido a la emergencia sanitaria, representando hasta el 34 % del total de contratos en el segundo y tercer trimestre de 2020.

La Comisión Europea ha calificado el sistema de contratación pública en España como un «foco de irregularidades», señalando una baja tasa de publicación de anuncios de contratos y un alto recurso al procedimiento negociado sin publicidad. A pesar de intentos anteriores de regular esta práctica, las preocupaciones persisten.