Se avecina una nueva tormenta entre los empresarios y el Gobierno a cuenta del salario mínimo interprofesional (SMI). Los sindicatos han exigido una subida del SMI acorde a las tensiones inflacionistas que vive la economía y que supere para el año que viene los 1.049 euros de máximo propuestos por el Comité de Expertos. Y el Ejecutivo parece dispuesto a atender a sus exigencias en contra del criterio de la CEOE, que teme que una subida desmedida de los sueldos arrastre a la economía a una espiral inflacionista más profunda. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anticipó ayer que el Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional (SMI). «Sin ninguna duda, vamos a subir el salario mínimo y lo vamos a hacer más que nunca, porque estamos en una situación de absoluta excepcionalidad política», aseveró Díaz en el Congreso de los Diputados.

Fuentes del Ministerio de Trabajo y la propia Díaz precisaron después que con la expresión «más que nunca» la ministra se refirió a la necesidad de aprobar una subida en la coyuntura actual y no a la magnitud de la misma, que será determinada por los expertos. No obstante, la vicepresidenta segunda dio a entender que su idea será presionar para tirar por lo alto el aumento. Díaz explicó que en la reunión del próximo 2 de septiembre, el Gobierno informará a este comité de que «más allá» de la senda marcada para alcanzar el 60% del salario medio, hay que «ser consciente» de la situación actual. Así, recordó que el propio Estatuto de los Trabajadores establece que la revalorización periódica del SMI ha de hacerse atendiendo a los niveles de inflación, la participación de los salarios en la renta nacional, la productividad y la situación económica del país que, aseguró la vicepresidenta, «es de máxima incertidumbre».

El informe de los expertos, presentado en junio de 2021, propuso un SMI de entre 1.011 y 1.049 euros para el próximo año basándose en la evolución del salario medio en 2020. Sin embargo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido esta misma semana al Gobierno para que suba el salario mínimo en torno a un 10%, en términos similares a la inflación, para llevarlo de los 1.000 euros mensuales actuales a 1.100 euros al mes. «El Gobierno debe aplicar la ley y lo que es razonable en un Gobierno que se considera de progreso», subrayó.

Más allá del SMI, Díaz reivindicó una subida generalizada de los salarios ya que España «tiene unas rentas salariales muy, muy moderadas», según declaró en Cuatro. La vicepresidenta exigió al presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, «que se comprometa con su país». «Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país, y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta», aseguró. Con los niveles de inflación, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, dijo. Por ello, dio su «apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española» para exigir la negociación de la subida de los salarios.