Crecen un 12,6 % en Cantabria los procedimientos de ejecución hipotecaria
Este incremento rompe la tendencia de descenso que se venía produciendo en los últimos años y que en 2019 alcanzó la cifra más baja
20:02 04/03/21
Los juzgados de primera instancia de Cantabria registraron en 2020 un total de 214 procedimientos de ejecución hipotecaria, 24 más que un año antes, lo que supone un aumento del 12,6 por ciento.
Este incremento rompe la tendencia de descenso que se venía produciendo en los últimos años y que en 2019 alcanzó la cifra más baja de ejecuciones hipotecarias de los últimos doce ejercicios, con 190 procedimientos de este tipo.
Esos datos se recogen en el Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que este jueves ha sido difundido con información relativa al cuarto trimestre de 2020 y a la anualidad completa.
En el ámbito nacional estos pleitos por procedimientos de ejecución hipotecaria experimentaron en 2020 un incremento del 17,5 por ciento, tras siete años consecutivos en descenso.
Por otro lado, los lanzamientos practicados en Cantabria ascendieron a 461, un centenar menos que en 2019 (564) que sitúa el decremento en el 18,3 por ciento. En todo el país, el descenso fue del 45,6 por ciento.
De ellos, los debidos a ejecuciones hipotecarias fueron 77 (frente a 102 de 2019), un 24,5 por ciento menos; y los debidos al impago de alquiler fueron 371 (frente a 428 de 2019), un 13,3 por ciento menos.
En estos juzgados de primera instancia también se tramitan los procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios.
Durante el pasado año, estos pleitos ascendieron a 8.979, apenas un 0,6 por ciento que un año antes, cuando se registraron 8.925. La media del conjunto de todas las comunidades registra un descenso del 1,6 por ciento.
JUZGADO DE CLÁUSULAS
El informe también incluye datos relativos a la actividad de los juzgados de primera instancia que están tramitando acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, como los procedimientos sobre cláusulas suelo.
En Cantabria, el órgano que tramita este tipo de procedimientos es el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, que a lo largo del pasado año recibió un total de 3.361 asuntos de este tipo, resolvió 3.257 y a 31 de diciembre de 2020 mantenía en trámite 5.227.
Además, dictó un total de 2.397 sentencias, de las que el 98,7 por ciento resultaron estimatorias.
Finalmente, el informe incluye información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, procedimientos recogidos en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre este asunto.
Estos procedimientos verbales están destinados a que puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas las personas físicas, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda.
En Cantabria, los juzgados de primera instancia registraron en 2020 un total de 43 asuntos de este tipo, un 26,5 por ciento más que en 2019, cuando se incoaron 34. Además, se resolvieron 32 y a 31 de diciembre 28 permanecían en trámite. ![Publicidad 171034]()
Este incremento rompe la tendencia de descenso que se venía produciendo en los últimos años y que en 2019 alcanzó la cifra más baja de ejecuciones hipotecarias de los últimos doce ejercicios, con 190 procedimientos de este tipo.
Esos datos se recogen en el Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que este jueves ha sido difundido con información relativa al cuarto trimestre de 2020 y a la anualidad completa.
En el ámbito nacional estos pleitos por procedimientos de ejecución hipotecaria experimentaron en 2020 un incremento del 17,5 por ciento, tras siete años consecutivos en descenso.
Por otro lado, los lanzamientos practicados en Cantabria ascendieron a 461, un centenar menos que en 2019 (564) que sitúa el decremento en el 18,3 por ciento. En todo el país, el descenso fue del 45,6 por ciento.
De ellos, los debidos a ejecuciones hipotecarias fueron 77 (frente a 102 de 2019), un 24,5 por ciento menos; y los debidos al impago de alquiler fueron 371 (frente a 428 de 2019), un 13,3 por ciento menos.
En estos juzgados de primera instancia también se tramitan los procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios.
Durante el pasado año, estos pleitos ascendieron a 8.979, apenas un 0,6 por ciento que un año antes, cuando se registraron 8.925. La media del conjunto de todas las comunidades registra un descenso del 1,6 por ciento.
JUZGADO DE CLÁUSULAS
El informe también incluye datos relativos a la actividad de los juzgados de primera instancia que están tramitando acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, como los procedimientos sobre cláusulas suelo.
En Cantabria, el órgano que tramita este tipo de procedimientos es el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, que a lo largo del pasado año recibió un total de 3.361 asuntos de este tipo, resolvió 3.257 y a 31 de diciembre de 2020 mantenía en trámite 5.227.
Además, dictó un total de 2.397 sentencias, de las que el 98,7 por ciento resultaron estimatorias.
Finalmente, el informe incluye información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, procedimientos recogidos en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre este asunto.
Estos procedimientos verbales están destinados a que puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas las personas físicas, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda.
En Cantabria, los juzgados de primera instancia registraron en 2020 un total de 43 asuntos de este tipo, un 26,5 por ciento más que en 2019, cuando se incoaron 34. Además, se resolvieron 32 y a 31 de diciembre 28 permanecían en trámite.
