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El Diario de Cantabria

Botín testifica el jueves en la Audiencia Nacional sobre la compra de Popular

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín durante su intervención en la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2019, en la Ciudad Grupo Santander, en Boadilla del Monte/Madrid (España), a 29 de enero de 2020.
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín durante su intervención en la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2019, en la Ciudad Grupo Santander, en Boadilla del Monte/Madrid (España), a 29 de enero de 2020.
Botín testifica el jueves en la Audiencia Nacional sobre la compra de Popular
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, declara este jueves como testigo en la Audiencia Nacional en el marco de la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.

Inicialmente fijada para el pasado mayo, la comparecencia, que según han indicado a Efe fuentes jurídicas tendrá lugar en persona, se centrará en los pormenores del proceso de compra del Popular, entidad que tras su resolución a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR) europea el 7 de junio de 2017 fue adquirida por el Santander a precio simbólico.

En una rueda de prensa celebrada ese mismo día, Botín aseguró que la operación daría "certidumbre y estabilidad" al sector financiero español, y negó que hubiera recibido presiones de ningún tipo para intervenir en el proceso.

Asimismo, defendió que era "la mejor opción para dar continuidad a una entidad tan importante" como el Popular, y explicó que la compra se llevó a cabo a través de una subasta en la que el Santander presentó su oferta, que acabó siendo aceptada y que se completó con una ampliación de capital por importe de 7.000 millones de euros.

BOTÍN, TRAS DE GUINDOS

La declaración de Botín se produce una semana después de que el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, testificara por videoconferencia desde Fráncfort (Alemania), donde tiene su sede el organismo.

Según explicaron a Efe fuentes jurídicas, durante su extenso interrogatorio, que duró unas cuatro horas, De Guindos relató al juez José Luis Calama que entre enero y junio de 2017 mantuvo conversaciones con los presidentes de los cinco grandes bancos españoles, entre ellos, el Santander.

Las mismas fuentes apuntan que en una conversación entre el exministro y Botín, ésta le dijo que habían visto las cuentas del Banco Popular y habían decidido no hacer una oferta; además, le informó de que tenía un patrimonio neto negativo.

Un extremo que, reconoció De Guindos, fue corroborado por el resto de entidades, y es que la opinión de Botín era prácticamente unánime: nadie quería comprar el banco.

Vista esta situación, prosiguió, la JUR acordó resolver el Popular, y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se puso en contacto con algunas de las entidades que ya habían analizado el Popular en las semanas anteriores para comunicarles que iban a iniciar un procedimiento de resolución.

En opinión del vicepresidente del BCE, si el Santander no hubiese entrado, las oficinas del Popular no habrían podido abrir porque no había dinero en la caja y todas las líneas de liquidez estaban agotadas.

En este escenario, sentenció, el Tesoro Público habría tenido que realizar una emisión de deuda para pagar a todos los depositantes, en total, unos 34.000 millones de euros, lo que habría causado muchísima desconfianza en España y habría endeudado al país.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización. 

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