El 20% de la población que vive de alquiler en Cantabria -más de 15.000 personas de un total de 74.082- destina a tal fin más del 30 % de sus ingresos, según el informe del Gabinete Económico de Comisiones Obreras (CCOO) ‘La vivienda de alquiler en España. Por el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible para la mayoría». Un informe que analiza la elevada carestía de los alquileres a partir de los datos oficiales de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), según señala CCOO en una nota de prensa.

Aunque el porcentaje en la región es muy inferior a la media española (41%), la cifra sigue siendo muy alta y fiel reflejo de los problemas que tiene la población, especialmente, las personas jóvenes, para tener acceso a una vivienda digna y, por eso, desde CCOO se ha llamado a regular y rebajar los precios del alquiler de la vivienda para reducir los niveles de pobreza y exclusión. Para la secretaria de Política Social de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, el alquiler ya es la principal forma de acceso a la vivienda de las personas jóvenes y, por tanto, «urge la intervención pública para garantizar que sea digno y asequible».

Limitar el precio del alquiler. CCOO cree que es fundamental que la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda que está en ciernes actúe lo antes posible para limitar el precio de los alquileres y que, al tiempo, se vaya creando y consolidando un amplio parque público de alquiler social».

La iniciativa sindical por el derecho a la vivienda que presentaron CCOO y UGT hace un año recoge algunas medidas para regular y actuar sobre el mercado del alquiler como, por ejemplo, limitar el precio máximo del alquiler según los ingresos de los hogares, regulado a través de la Ley de Arrendamientos, dar uso a las viviendas vacías a través del Programa de Alquiler Seguro y Asequible, incentivar la vivienda como bien de uso en lugar de como especulación y regular las viviendas turísticas. La iniciativa recoge un plan de alquiler público y social, con más recursos públicos y reorientándolos a bonificaciones fiscales a las políticas directas de acceso a la vivienda así como usar los fondos de recuperación de la UE para financiar la adquisición.