La Fiscalía ha mantenido este jueves la petición de nueve meses de prisión e inhabilitación para los dos empleados de Santillana del Mar que se han declarado inocentes de haberse apropiado de talonarios para quedarse con la recaudación del aparcamiento municipal.

En el cuarto día del juicio que se ha celebrado en la Audiencia de Cantabria, el ministerio público ha modificado las penas para los otros cuatro acusados, que reconocieron los hechos el pasado lunes y las partes han trasladado sus informes al jurado, que deliberará este viernes.

De este modo, tres de ellos se han conformado con una pena de tres meses de prisión e inhabilitación especial, mientras que un cuarto ha aceptado seis meses de prisión e inhabilitación especial, ya que se quedó con más dinero.

La fiscalía ha apreciado dos atenuantes por reconocimiento de los hechos y otra muy calificada por dilaciones indebidas.

ÚLTIMA PALABRA. Los dos acusados que se han declarado inocentes han ejercido ante el jurado su derecho a la última palabra, en el que le han pedido que les absuelvan.

«Si no fuera una situación tan grave me reiría», ha dicho uno de ellos, en relación a la declaración de algunas empleadas municipales y ha confesado que «nunca debió» haber cogido los talonarios que afirmó haberse llevado, pero no para quedarse con el dinero.

Además, ha asegurado que ha sufrido «presiones constantes, agobios y acoso laboral» por parte del Ayuntamiento de Santillana del Mar para pactar y reconocer los hechos.mY ha reprochado al Consistorio le diera a elegir entre asumir el dinero que los acusados no reconocen haberse llevado o «enfrentarse al Ayuntamiento». «Pagué y aquí estoy, enfrentado y a punto de perder mi puesto de trabajo», ha lamentado.

«Me he sentido escuchado», ha afirmado el otro acusado, quien ha añadido que «han sufrido» presiones por parte del Ayuntamiento, a cuyos trabajadores ha acusado de «venir a mentir».

INFORMES DE LAS PARTES. En su informe final, la fiscal ha pedido al jurado una sentencia condenatoria para ambos acusados, ya que según ha expuesto tuvieron «la misma conducta» que los que se han declarado culpables.

Según la Fiscalía, el hombre que sí admitió haber cogido veinte talonarios no tuvo intención de devolver el dinero y ha considerado que con sus actos posteriores, como la devolución de 8.000 euros por los 40 talonarios que no se encontraron por parte de los seis acusados, prueba que reconocieron ser culpables.

«Si no hubiesen sido ellos no hubieran pagado los 8.000 euros», ha considerado el ministerio público en relación a ambos.

Además, ha resaltado que según los trabajadores municipales que han declarado en el juicio, incluidos el ex alcalde, y el actual, no se «coaccionó ni amenazó» a los acusados para que devolvieran el dinero. Respecto al otro acusado, que no devolvió ni talonarios ni dinero, la fiscal ha afirmado que «reconoció los hechos» junto al resto de acusados. La acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Santillana del Mar, se ha adherido a la petición de pena del ministerio público y ha resaltado ante el Jurado que el Consistorio ha intentado «llegar a un acuerdo con todas las partes».

Esta parte ha dicho que todos los acusados «pensando que nadie se iba a enterar», se apropiaron de los talonarios porque era el último año en el que iban a realizar ese trabajo antes de que lo empezara a hacer una empresa externa.

Al igual que la Fiscalía, el Ayuntamiento ha considerado que los acusados reconocieron los hechos en su momento con el pago de los 8.000 euros y respecto al hombre que admitió haberse llevado veinte talonarios ha puesto en duda su versión.

«Su intención no era devolver el dinero», ha opinado y ha añadido que «si no has hecho algo no pagas». «Las cosas casi siempre son lo que parecen y la explicación más sencilla es la correcta», ha dicho esta parte al jurado.

Por su parte, la defensa del acusado que si se llevó talonarios ha defendido ante el jurado que su patrocinado «no tenía nada que ocultar ni callar» y que no se ha probado que cogiera esos talonarios «con ánimo de quedarse con ellos». «Quería devolverlos», ha apuntado al jurado la defensa, quien ha insistido en que cuando los seis acusados pagaron 8.000 euros al Ayuntamiento por 40 talonarios que no se encontraron, ninguno admitió habérselos llevado. «Engañaron y coaccionaron a los trabajadores», ha opinado esta parte respecto al Ayuntamiento.

Y la segunda defensa, del acusado que no devolvió dinero ni talonarios, ha apuntado que «no sabe de que se le acusa» a su patrocinado y ha señalado que ningún testimonio ha acreditado ni su culpabilidad ni su confesión.

«No hay prueba de ningún tipo», ha razonado la defensa, quien ha añadido que su cliente accedió a pagar de forma solidaria esos 8.000 euros porque «tenía miedo de perder su trabajo».