El Comite de Bioética de España ya ha dicho la última palabra en el embrollo de la segunda dosis de AstraZeneca. Su conclusión es que “parece ética y legalmente recomendable que las personas que rechacen vacunarse con un esquema heterólogo firmen un protocolo de consentimiento informado específico, que acredite documentalmente tanto su rechazo a la vacunación en tal esquema como que disponen de suficiente información sobre el riesgo de síndrome de trombosis con trombocitopenia asociado a la vacuna Vaxzevria. Ello no supone alterar o renunciar, en modo alguno, al criterio general de consentimiento verbal para la vacunación frente a la Covid-19".

El presidente del Comité de Bioética de España, Federico Montalvo, ya se había manifestado días atrás sobre la polémica. Había dicho que elegir Pfizer como segunda dosis para las personas menores de 60 años vacunadas en primera dosis con AstraZeneca suponía primar la seguridad y optar por el riesgo prácticamente 'cero'. A su juicio, si se permitiera a las personas de ese colectivo de edad elegir AstraZeneca y se produjeran trombos, se daría una situación de rechazo y de miedo hacia las vacunas que evitaría alcanzar la inmunidad colectiva.

El informe del Comité de Bioética se ha redactado de forma urgente a petición del Ministerio de Sanidad. Lo ha hecho en un intento de salvaguardar la decisión que más quebraderos de cabeza le ha dado desde que comenzó la campaña de vacunación del Covid. Sin embargo, el Gobierno no consideró oportuno preguntar a esta institución sobre la Ley de Eutanasia, quizá porque podía prever su respuesta: no se podía considerar un derecho ni una prestación sanitaria, tal y como recoge la norma aprobada este año.

Este organismo es de carácter consultivo. Lo preside forman científicos expertos en bioética, médicos y reconocidos juristas. El Gobierno no tiene la obligación de adoptar sus informes, pero sus opiniones importan y tienen peso.

Decisión técnica, no política

Decidir qué vacuna podían ponerse los menores de 60 años que ya habían recibido una primera dosis de AstraZeneca, tenía que haber sido una cuestión meramente técnica y científica. Pero la discusión superó el debate puramente sanitario. Durante casi dos meses, técnicos, comunidades autónomas y el propio Ministerio de Sanidad han estado enredados en busca de la solución más cercana al riesgo 'cero'.

El dilema era dirimir si era más seguro completar el tratamiento con un fármaco que en casos muy raros puede desencadenar un trombo, o probar con otra vacuna diferente. La Agencia Europea del Medicamento ya se pronunció al respecto, como hicieron también numerosas sociedades científicas. Y en su opinión, los beneficios de poner una segunda dosis a personas que no habían sufrido reacciones graves con la primera, superaban claramente los posibles riesgos.

Pero el Ministerio de Sanidad decidió introducir otra variable al poner en marcha una investigación española con 600 personas para saber más sobre los riesgos de combinar la vacuna Pfizer con AstraZeneca. La investigación fue positiva y Sanidad optó por reciomendar Pfizer con la oposición de nueve comunidades autónomas. Para contentar a todos se permitió proporcionar AstraZeneca, previa firma de un consentimiento informado del paciente que deja cualquier responsabilidad a los ciudadanos.