El PP ha exigido al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, explicaciones ante la falta de avances y el «incumplimiento» de sus compromisos con los afectados por las sentencias de derribo, por lo que le ha pedido «implicarse más» y que en el año que queda de legislatura «haga algo» por solucionar el problema.

A juicio de los ‘populares’, el consejero actúa como si el asunto «no fuera con él» porque quiere que «vaya pasando el tiempo» y que «la bomba no le estalle en las manos», pues va a cumplir tres años en la Consejería y «no se ha producido ningún avance». Por ello han registrado en el Parlamento una interpelación que se llevará al próximo Pleno del lunes 21 para preguntar por los criterios del Gobierno en relación con el cumplimiento de las sentencias de derribo y las resoluciones parlamentarias al respecto.

El PP ha criticado a Gochicoa por la «indolencia» que está mostrando hacia los afectados a pesar de que se trata de un «problema enorme» que tienen «más de 500 familias» de Cantabria solo por comprar una vivienda «de buena fé» que resulto haberse construido de forma ilegal. «Llevan 20 años en un sinvivir» y «no son culpables de nada, si acaso son víctimas», ha sentenciado el portavoz del Grupo Popular, Iñigo Fernández, en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en el Parlamento para dar a conocer la interpelación.

Además de los 500 afectados directos, este problema afecta «a la sociedad de Cantabria en su conjunto», pues si se ejecutan los derribos esperados el Gobierno tendría que hacer frente a indemnizaciones por valor de 100 millones de euros que las arcas regionales «no se pueden permitir».

El PP apuesta por «explorar todas las vías» antes de derribar las viviendas

Para evitar ese desembolso y no «echar a las familias de sus casas» el PP apuesta por «explorar todas las vías» antes de ejecutar los derribos, ya que defiende que en algunos casos se pueden cumplir las sentencias judiciales con soluciones alternativas. Por ejemplo, se ha referido a la urbanización de Camino del Portillo en Argoños, que tiene una sentencia de derribo porque no se dejaron pasos para llegar a la zona alta de la montaña, por lo que, a lo mejor, «derribar nueve viviendas y construir esos pasos puede evitar el derribo de 90».

PGOU DE PIÉLAGOS Y ARGOÑOs. Como ha señalado Fernández, los dos puntos «más conflictivos» son Piélagos y Argoños, que suman unas 400 viviendas afectadas, y cuyos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) siguen sin aprobarse y servirían para buscar soluciones tratando de adaptar las construcciones a la legalidad urbanística.

Los ‘populares’ pedirán explicaciones al consejero en el Pleno en este sentido, porque «es desesperante para los afectados ver que la tramitación no concluye nunca». En el caso de Piélagos, el documento aún sigue en el Ayuntamiento, pero el partido quiere saber si la Consejería está colaborando «debidamente».

«Lo de Argoños es mucho más grave» porque el Consistorio lo ha aprobado hace «meses» y «sigue en la Consejería», que se había comprometido a darle el visto bueno en enero. Además ha informado recientemente de un nuevo informe desfavorable que impide la aprobación definitiva, lo que el portavoz del Grupo Popular ve «indignante» porque considera que se podía haber advertido primero de los asuntos que no iban a ser validados para adecuar el Plan mientras se tramitaba en el Ayuntamiento.