«Esto lo vamos a llevar a la Justicia. Los Servicios Sociales emitieron un informe para evitar el lanzamiento y al leerlo ves que están nuestros datos y los de ellos, pero que el procedimiento judicial no corresponde con el nuestro, sino con una ejecución hipotecaria y con un número de caso diferente, es indignante y lo vamos a denunciar», afirman Elina y su madre que esperan reunirse hoy lunes con el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, gracias a la labor de investigación del equipo de ALERTA para poner en el foco político y mediático este caso.

En la reunión esperan conseguir respuestas por parte del alcalde, pero también de los Servicios Sociales, y les preguntarán por qué emitieron ese informe que no corresponde con su caso -«nosostros no somos un banco para ejecutar una hipoteca», dice Elina-.

A la espera de esa reunión, la familia y letrados preparan la demanda contra la Administración Pública por haber emitido, según su criterio, un informe ‘tipo’ que «no corresponde con el caso de Elina y adolece de varias contradicciones».

Sabemos, por el testimonio de la madre de Elina que la comunidad, y los impuestos del agua y la basura se hacen cargo ellas desde 2017, porque así, pensaron que no habría problema con la Administración Pública si por algún motivo había impagos.

«Si no pagamos la contribución o el IBI o cualquier otro impuesto del Ayuntamiento, el piso nos lo embargan sin ningún miramiento hacia nuestra familia», y continúa «pero estas personas no pagan los recibos de la luz, el agua o el alquiler, y no pasa nada», dice la madre de Elina, que muy afectada no quiere mostrar su rostro ni su nombre porque está sufriendo mucho con este asunto, según nos cuenta, ha llegado a perder ya 20 kilos del estrés y la desesperación.

Los servicios sociales de torrelavega

Los Servicios Sociales de Torrelavega son el primer nivel de atención de las necesidades sociales básicas.  Se trata de un servicio municipal que, a través de un equipo de profesionales informa, orienta y ayuda a mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Torrelavega. Los propios Servicios Sociales afirman que está dirigido a toda la población que reside en Torrelavega, pero a Elina no están ayudando en absoluto a que su situación cambie, sino todo lo contrario.

Y es que a pesar de que la Administración ofrece ayudas sociales municipales, autonómicas y estatales, para prevenir o mitigar situaciones de riesgo de exclusión social, según el escrito presentado en septiembre de 2021, por el abogado de la familia de Elina, los ejecutados, sólo acudieron a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega en el mes de julio de 2021, es decir, un año y cinco meses después de conocer la existencia del procedimiento.

En dicho escrito se señala que «el informe se trata de un documento ‘pre impreso’ , y de él se observa que únicamente se indica que se ha derivado a los usuarios a la Oficina de Emergencia habitacional del Gobierno de Cantabria; el Registro de Viviendas Protegidas; y que se les ha revisado para comprobar si son beneficiarias de alguna ayuda o prestación municipal, pero no se ha acreditado que se hayan realizado ninguna de esas actuaciones, no reocogiendo en dicho informe cuáles son los medios de vida actuales de los ejecutados».

Continúa el abogado señalando que además no consta acreditado que el usuario haya acudido a los Servicios de Emergencia Habitacional a los que ha sido derivado.

En segundo lugar, el informe de los Servicios Sociales dice textualmente: «... a pesar de las actuaciones realizadas por los Servicios Sociales durante los últimos meses, todas ellas tendentes a satisfacer la necesidad habitacional de las personas en situación de vulnerabilidad que garanticen el acceso a una vivienda digna, según consta en estos Servicios Sociales, la situación de A.J.E., no ha cambiado,...».

Y tal y como afirma el abogado en su escrito, es imposible que los Servicios Sociales hayan actuado durante meses con estas personas, ya que una de ellas nunca ha acudido a los Servicios Sociales, y el otro interesado acudió en fecha de 8 de julio de 2021, y este último informe se ha emitido en fecha 21 de julio de 2021, tan solo 13 días después de la visita del usuario. También recuerda que en la Diligencia de Ordenación de fecha 13 de julio de 2021, se requería al ejecutado por plazo de DIEZ DÍAS para que se presentase la documentación que acredite su situación de vulnerabilidad, pero el ejecutado no ha presentado la documentación requerida por el Juzgado de Primera Instancia de Torrelavega, lo que, según entiende el letrado, corrobora aún más que el haber acudido a los Servicios Sociales ha sido únicamente con la finalidad de dilatar el proceso de lanzamiento.

En un segundo escrito en octubre de 2021, el abogado de la familia Villegas advirtió a ese mismo Juzgado, que su representada estaba recibiendo quejas por parte de los propietarios de la Comunidad en la que radica el inmueble okupado por el ejecutado, dado que éste incumple reiteradamente las normas de convivencia.

MEDIDAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD HABITACIONAL

¿Por qué la Administración tarda tres años en solucionar un problema habitacional a estas personas, si como dicen, están en situación de vulnerabilidad?

Según el informe de los Servicios Sociales se puso en conocimiento de los ejecutados varios recursos de los que dispone la Administración, pero ningúna de ellas ha sido solicitada por estas personas. Hay varías vías de ayuda a vulnerables, que son:

a) A la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria, para iniciar la búsqueda alernativa de vivienda a la persona afectada.

b) Al programa de ayuda del Plan de Viviendas de Cantabria, en particular para personas objeto de deshaucio de su vivienda habitual.

c) Al Registro de demandantes de viviendas protegidas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a efectos de que solicite su inscripción en el mismo.

d) A las ayudas económicas existentes en materia de alquiler de vivienda, tanto de competencia de la Comunidad Autónoma como del propio Ayuntamiento de Torrelavega. En este último caso es necesario que presenten una propuesta de nuevo contrato de alquiler de vivienda, pero nada ha sido acreditado.