Recogemos en esta columna el tesimonio de Elina que sufre desde hace más de 3 años la parálisis de la Administración Pública, los Servicios Sociales y el propio Gobierno, a quien han escrito en multitud de ocasiones sin respuesta alguna.

‘Mis padres alquilaron su vivienda  por un año a esta familia, desde abril 2019 hasta abril de 2020, pero nuestro calvario comenzó en octubre de 2019 cuando se pusieron en contacto con mis padres para hacerles saber que no se harían cargo de las cuotas de la renta. Intentamos intermediar con ellos, pero no hubo éxito, puesto que siempre terminaban recurriendo al chantaje’.

‘En noviembre de 2019 se envió un buro fax reclamando la deuda, y al no obtener respuesta pusimos la demanda, notificada en febrero de 2020. A partir de ahí todo ha sido un despropósito. Si fijó un primer juicio en mayo de 2020, pero llegó la pandemia y suspendieron todo hasta noviembre de 2020, pero no se presentaron, así que se les condenó a abandonar la vivienda. La sentencia fue enviada por la Policía Local y entregada en mano en marzo de 2021. En abril de 2021 se solicita que se ejecute la sentencia, pero no abandonan la vivienda.

‘Por lo que comienzan a fijarse fechas de lanzamiento, el primero el 14 de julio de 2021, suspendido porque Servicios Sociales declaran a este individuo en situación de vulnerabilidad, con un informe que no corresponde a nuestro DESAHUCIO, si no, a una EJECUCIÓN HIPOTECARIA’.

‘El juzgado se da cuenta y solicita al demandado y a Servicios Sociales que acrediten la documentación pertinente sin éxito. Desde que comenzó nuestro calvario en 2019, en ningún momento se han molestado en solicitar ningún tipo de ayuda, e incluso la ayuda de alquiler que ellos mismos nos dijeron que habían solicitado, resulto ser mentira, NUNCA SOLICITARON NINGUN TIPO DE AYUDA. Nuestra última fecha de lanzamiento fue el 3 de mayo de 2022, que fue también suspendida por los Servicios Sociales’.

‘Los gastos a estas alturas suman los 15.500 euros, más los gastos de abogado y procurador que corren también a cuenta nuestra. Estos individuos presuntamente están trabajando en mercadillos. Son personas que ni quieren ni tienen ganas de pagar absolutamente nada, y que pretenden vivir a cuenta de mi familia porque la ley y los suyos les amparan. El año pasado me quisieron silenciar, y me denunciaron por coacciones, por el mero hecho de hacer pública la situación en la que están mis padres, también recibí insultos y amenazas el día que lo hice público por parte de su entorno’.

Lo que dicen los ‘inquiokupas’

El pasado sábado, el equipo de investigación de ALERTA se dirigió a la vivienda okupada, para intentar hablar con las personas que se encuentran actualmente viviendo en ella. Conseguimos hablar con M.E.E.C., de 65 años, que no quiso mostrar su rostro ante nuestras cámaras y que, junto a su hijo A.J.E., de 33 años, tienen a su nombre el contrato de arrendamiento de este piso, pero que desde el fallecimiento del progenitor en 2019, han dejado de pagar el alquiler.

Tras conversar con M.E.E.C., nos dice que ella no vive en esa vivienda, sino que está alquilando otra casa con la ayuda que percibe del Gobierno en otro barrio de la ciudad. Ella percibe, según nos dice, una ayuda económica de unos 400 euros del Gobierno de Galicia porque no está empadronada en Cantabria. Con esa ayuda, dice, paga la renta de ese otro piso.

En el inmueble, vive por tanto  su hijo, A.J.E., que según nos cuenta su madre, trabaja esporádicamente en los mercadillos semanales, y que no ha podido estar presente en la entrevista por encontrarse trabajando en el mercado del sábado en la localidad de Cabezón de la Sal. En la entrevista nos encontramos también con la nuera de M.E.E.C., que junto a dos de sus cuatro hijos menores, nos dice que «si los Servicios Sociales nos ponen un piso que ellos se marchan de allí, pero antes no».  Afirma que ellos no pueden pagar un alquiler porque ella no trabaja y «A.J.E. lo hace pero muy de vez en cuando, pero no tiene puesto propio en el mercado», dice.  La mujer de A.J.E. nos cuenta que para  subsistir piden ayuda humanitaria a varias organizaciones como Cruz Roja y Cáritas.

«La comida, la ropa, el comedor de los niños, los gastos de luz y gas, todo eso se lo pedimos a Cáritas porque no tenemos cómo pagarlo».  Esta organización les da dinero para que se hagan cargo de los gastos corrientes, que puntualmente, como el comedor del colegio o lo que les pida, si así lo necesitan. Las dos mujeres nos cuentan que sus situación es difícil, que no pueden hacerse cargo del alquiler, pero que tampoco pueden dejar el piso porque tienen a cuatro menores a su cargo, y los Servicios Sociales «no nos han dado una solución todavía».

A la pregunta de nuestro periodista de si tienen ayuda por parte de los Servicios Sociales, nos dicen que «aún estamos esperando».

Estas personas piden ayuda a las organizaciones humanitarias y a la iglesia, que son quienes, por el momento, les aportan dinero para pagar sus gastos como la leche de los niños, la luz, el gas, la ropa o cualquier otra necesidad que pidan.

En conclusión, la familia de Elina sufre las consecuencias, y esta familia sufre las suyas propias, porque la Administración Pública, Ayuntamiento y Servicios Sociales no se hacen cargo de ellos, ni de unos, ni de otros. Como tantos otros casos.

Las organizaciones sociales sin ánimo de lucro, cómplices sin saberlo

Cruz Roja y Cáritas, acaban siendo, por su labor social, cómplices indirectas de estas situaciones de okupación, cuando es la Administración quien debería ofrecer soluciones a ambas familias

«Nuestra labor es ayudar a personas en riesgo, principalmente aquellos casos que por su situación necesitan, en un momento puntual, ayuda económica para hacer frente a pagos», nos dice un responsable de la organización humanitaria de Cáritas. La mayoría son casos de verdaderas penurias, que en algún momento han necesitado su ayuda.

La otra cara de la moneda, que también existe y hay que evidenciarlo, es que, si no se hace un exhaustivo estudio de cada caso, pueden colarse estafadores, aprovechados, que piden estas ayudas para permanecer en estos pisos okupados, y si les pagan todos sus gastos corrientes, pueden continuar viviendo en esas casas sin responsabilidad alguna, cuando es competencia de la Administración la de ofrecer soluciones habitacionales, económicas y de empleo a estas familias.

¿De dónde provienen los fondos?. Cáritas Diocesana de Santander atendió a más de 6.000 personas en Cantabria en 2021. Durante ese año recibió un total de 3.109.482,99 euros, financiada en un 85% por fondos privados (2.642.688 euros) mientras que el 15% restante procede de fondos públicos, en su mayor parte del Gobierno de Cantabria.  Dentro de las aportaciones privadas, el capítulo más cuantioso corresponde al de donativos y legados recibidos en los servicios centrales (1.622.673 euros), seguido por los donativos generales en las distintas Cáritas parroquiales (451.213 euros) y las aportaciones periódicas de los socios suscriptores (244.794 euros). Destaca también la partida de 15.000 euros de la Fundación Marcelino Botín. Estas aportaciones, se destinaron a ayudar económicamente a las familias desfavorecidas, y cada año son más numerosas.

«Nosotros ayudamos a estas personas porque vienen a nosotros pidiendo ayuda en un momento puntual», dice este responable de la organización. «No sabemos por qué aún esta familia en concreto no tiene un espacio habitacional facilitado por la Administración o un empleo o ayuda económica por parte del Gobierno, si lo tuvieran no vendrían a nosotros, supongo», sentencia.