El pasado sábado, el equipo de investigación de ALERTA se dirigió a la vivienda okupada, para intentar hablar con las personas que se encuentran actualmente viviendo en ella. Conseguimos hablar con M.E.E.C., de 65 años, que no quiso mostrar su rostro ante nuestras cámaras y que, junto a su hijo A.J.E., de 33 años, tienen a su nombre el contrato de arrendamiento de este piso, pero que desde el fallecimiento del progenitor en 2019, han dejado de pagar el alquiler.

Tras conversar con M.E.E.C., nos dice que ella no vive en esa vivienda, sino que está alquilando otra casa con la ayuda que percibe del Gobierno en otro barrio de la ciudad. Ella percibe, según nos dice, una ayuda económica de unos 400 euros del Gobierno de Galicia porque no está empadronada en Cantabria. Con esa ayuda, dice, paga la renta de ese otro piso.

En el inmueble, vive por tanto  su hijo, A.J.E., que según nos cuenta su madre, trabaja esporádicamente en los mercadillos semanales, y que no ha podido estar presente en la entrevista por encontrarse trabajando en el mercado del sábado en la localidad de Cabezón de la Sal. En la entrevista nos encontramos también con la nuera de M.E.E.C., que junto a dos de sus cuatro hijos menores, nos dice que «si los Servicios Sociales nos ponen un piso que ellos se marchan de allí, pero antes no».  Afirma que ellos no pueden pagar un alquiler porque ella no trabaja y «A.J.E. lo hace pero muy de vez en cuando, pero no tiene puesto propio en el mercado», dice.  La mujer de A.J.E. nos cuenta que para  subsistir piden ayuda humanitaria a varias organizaciones como Cruz Roja y Cáritas.

«La comida, la ropa, el comedor de los niños, los gastos de luz y gas, todo eso se lo pedimos a Cáritas porque no tenemos cómo pagarlo».  Esta organización les da dinero para que se hagan cargo de los gastos corrientes, que puntualmente, como el comedor del colegio o lo que les pida, si así lo necesitan. Las dos mujeres nos cuentan que sus situación es difícil, que no pueden hacerse cargo del alquiler, pero que tampoco pueden dejar el piso porque tienen a cuatro menores a su cargo, y los Servicios Sociales «no nos han dado una solución todavía».

A la pregunta de nuestro periodista de si tienen ayuda por parte de los Servicios Sociales, nos dicen que «aún estamos esperando».

Estas personas piden ayuda a las organizaciones humanitarias y a la iglesia, que son quienes, por el momento, les aportan dinero para pagar sus gastos como la leche de los niños, la luz, el gas, la ropa o cualquier otra necesidad que pidan.

En conclusión, la familia de Elina sufre las consecuencias, y esta familia sufre las suyas propias, porque la Administración Pública, Ayuntamiento y Servicios Sociales no se hacen cargo de ellos, ni de unos, ni de otros. Como tantos otros casos.

Las organizaciones sociales sin ánimo de lucro, cómplices sin saberlo

«Nuestra labor es ayudar a personas en riesgo, principalmente aquellos casos que por su situación necesitan, en un momento puntual, ayuda económica para hacer frente a pagos», nos dice un responsable de la organización humanitaria de Cáritas. La mayoría son casos de verdaderas penurias, que en algún momento han necesitado su ayuda.

La otra cara de la moneda, que también existe y hay que evidenciarlo, es que, si no se hace un exhaustivo estudio de cada caso, pueden colarse estafadores, aprovechados, que piden estas ayudas para permanecer en estos pisos okupados, y si les pagan todos sus gastos corrientes, pueden continuar viviendo en esas casas sin responsabilidad alguna, cuando es competencia de la Administración la de ofrecer soluciones habitacionales, económicas y de empleo a estas familias.

¿De dónde provienen los fondos?. Cáritas Diocesana de Santander atendió a más de 6.000 personas en Cantabria en 2021. Durante ese año recibió un total de 3.109.482,99 euros, financiada en un 85% por fondos privados (2.642.688 euros) mientras que el 15% restante procede de fondos públicos, en su mayor parte del Gobierno de Cantabria.  Dentro de las aportaciones privadas, el capítulo más cuantioso corresponde al de donativos y legados recibidos en los servicios centrales (1.622.673 euros), seguido por los donativos generales en las distintas Cáritas parroquiales (451.213 euros) y las aportaciones periódicas de los socios suscriptores (244.794 euros). Destaca también la partida de 15.000 euros de la Fundación Marcelino Botín. Estas aportaciones, se destinaron a ayudar económicamente a las familias desfavorecidas, y cada año son más numerosas.

«Nosotros ayudamos a estas personas porque vienen a nosotros pidiendo ayuda en un momento puntual», dice este responable de la organización. «No sabemos por qué aún esta familia en concreto no tiene un espacio habitacional facilitado por la Administración o un empleo o ayuda económica por parte del Gobierno, si lo tuvieran no vendrían a nosotros, supongo», sentencia.