Es curiosa la memoria, que para algunos tiene una duración de unas pocas horas, o si somos generosos, de unos pocos días.

Pero la hemeroteca no engaña, y para quienes seguimos la actualidad política, vemos con incredulidad y asombro, la gestión y respuesta del Gobierno central cuando se suceden huelgas de trabajadores, o mejor dicho huelgas sindicales, en diferentes sectores de la industria de nuestro país.

Trece días con movilizaciones en Cantabria. Pymetal y sindicatos continúan paralizados por unas negociaciones sin acuerdo. Las exigencias de los sindicatos, según Pymetal, son «desproporcionadas» y «surrealistas» que lo único que está provocando es que los trabajadores estén perdiendo día a día poder adquisitivo y beneficios laborales. Según los sindicatos, «la patronal del metal explota a sus empleados y los tiene en condiciones indignas y exclavizados en su puesto de trabajo».

Pero no voy a entrar en la oferta de Pymetal y si es poco o nada para los sindicatos, pues ellos podrían estar todo el año en huelga, ya que sus sueldos entran mes a mes, como un gotero infinito, desde las arcas públicas (recordemos 17 millones este año y retribuciones adicionales cada vez que hacen cualquier acuerdo con empresas y Gobierno).

Me voy a centrar en estas declaraciones de la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, que según quien se manifieste, el Gobierno responde de una manera diferente:

Los huelguistas presuntamente han quemado un coche a las puertas de Astander y han impedido la entrada a los trabajadores, incluso un camionero ha estado encerrado en el aparcamiento seis horas hasta que los responsables de la empresa han llamado a la Guardia Civil para que pudiera seguir realizando su labor

18-MARZO-2022. HUELGA DEL TRANSPORTE. «Los camioneros que están boicoteando a otros compañeros son «una minoría», y advierto a esas personas, en cuya identificación se está avanzando, que su actuación puede conllevar multas de hasta 60.000 euros».  «Esas personas están atentando contra el derecho al trabajo y esta protesta «no es una huelga, es un paro de la patronal». «La Administración responderá a ese «boicot» con «contundencia» y se sancionará a los infractores «por la vía administrativa rápida» e, incluso, por la penal para quienes tiraron piedras contra otros camiones». «No es una huelga, es un boicot al conjunto del país». «Se ha puesto un dispositivo de seguridad con 469 guardias civiles y policías nacionales».

Ahora veamos las declaraciones del pasado jueves de Quiñones con la huelga del metal.

09-jUNIO-2022. HUELGA DEL METAL. «En Astander hay calma y los manifestantes están dispersos». «La Guardia Civil mantiene la distancia entre los manifestantes y los trabajadores que iban a entrar a trabajar para que no hubiera altercados». «Los piquetes se han quedado en una zona delimitada, y se mantiene la seguridad ciudadana».

Es curioso que en marzo, la huelga del transporte era un boicot, y esta del metal, es calmada, ordenada, y no hay altercados.

Pero según el director de Astilleros de Santander S.A., Juan Luis Sánchez, 1.700 trabajadores directos de Astander y de contratas de la empresa, no han podido entrar a las instalaciones ayer lunes, donde asegura que se han producido altercados con los piquetes a primera hora, y se ha quemado un coche.

¿Se van a identificar a esas personas, como en la huelga del transporte? ¿Se van a aplicar las mismas medidas por la vía administrativa, incluso por la penal, con multas de hasta 60.000 euros, como dijo Quiñones en marzo?

No lo sabemos. Lo que si podemos comprobar es como la doble vara de medir del Gobierno de Sánchez, y su ministra del Transportes, Raquel Sánchez, considera a unos manifestantes que convocan una huelga sin apoyo sindical, son «terroristas, una minoría radical violenta» y en otros casos, cuando la huelga la convocan los sindicatos, son manifestantes pacíficos.