El PP ha trasladado este martes su «desacuerdo radical» con el proyecto de ley de Memoria Histórica que se tramita en el Parlamento de Cantabria y que considera un «disparate total en manos de unos sectarios» y ha pedido al Gobierno regional que recapacite y le ha ofrecido consenso para elaborar una nueva norma para «todos».

«Lo que el Gobierno de Revilla y el Partido Socialista pretenden que avalemos es una ley de propaganda ideológica que falta a la verdad y deshonra la memoria», ha afirmado la presidenta de los populares cántabros, María José Sáenz de Buruaga, quien ha anunciado que su partido presentará una enmienda a la totalidad a este proyecto legislativo. Y que ha pedido al Ejecutivo regional que lo retire a cambio de consensuar un nuevo texto «que dignifique a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura». «Queremos una Cantabria que mire al futuro donde no haya manipulación sentimental de la historia.

Y por eso y para eso, quiero apelar hoy a la búsqueda de la unidad», ha defendido Sáenz de Buruaga, quien ha censurado la «manipulación» del PSOE y el «seguidismo» del PRC en este asunto. La presidenta del PP ha subrayado que su partido no está en contra  de una norma que ayude a localizar, identificar y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, pero sí de esta Ley de Memoria Histórica y Democrática «que nada tiene que ver ni con la historia ni con la democracia».

Ha afirmado que «no tiene en cuenta a todas y cada una de las víctimas porque olvida a una parte de ellas» y ha asegurado que «divide a la sociedad porque no busca la reparación, sino alimentar el odio y mantener abierta la herida, y pretende deformar la historia de lo que ocurrió en España y en Cantabria durante la Guerra Civil y la posguerra para imponer un relato oficial a la sociedad y adoctrinar en las escuelas». De hecho, según ha apuntado, «nada más leer el título preliminar uno se percata de que este proyecto de ley es un disparate total en manos de unos sectarios, puesto que el objeto de la ley hace mención a la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de lucha del pueblo cántabro por sus derechos y libertades, una copia literal de la ley andaluza con un lenguaje rancio, casposo y estalinista».

Y ha detallado que el desacuerdo de los populares con la ley se debe, entre otras razones, a que abarca desde la Segunda República hasta la promulgación del Estatuto de Autonomía para Cantabria, «negando con ello la legitimidad de los gobiernos democráticos y los mecanismos constitucionales del Estado de Derecho». santanderinos fallecidos.

«La verdad histórica, que es la verdad de los historiadores, acredita que 1.309 santanderinos fueron víctimas mortales de la represión republicana en Cantabria entre 1.936 y 1.937 y que más de 4.500 personas fueron encarceladas», ha aseverado. Además, ha indicado que el tercer motivo por el que el PP se opone «radicalmente» a esta ley es que «propone establecer una inquisición ideológica para impedir la libertad de expresión y de enseñanza», dejando en las «manos discrecionales» del Gobierno determinar «qué interpretaciones de la historia de España se pueden entender como exaltación del franquismo y, por lo tanto, ser sancionadas y prohibidas». «A su vez, obliga a incluir en el currículo de Primaria, ESO, Bachillerato y Educación de Adultos la memoria histórica y democrática para contar el relato socialista sobre la república», ha dicho.