El sistema de lucha contra la violencia machista sigue teniendo lagunas y fallos, tanto en la persecución de los maltratadores como en la protección de las víctimas, y la Fiscalía General del Estado ha puesto de manifiesto varias de ellas, relacionadas con la Administración de Justicia y la normativa legal, y también con usos sociales, en su Memoria Anual de 2020, se que recoge la presentación de 168.057 denuncias por este tipo de delincuencia, lo que arroja un preocupante promedio de 460 diarias, una cada poco más de tres minutos. La cifra es superior a la de diligencias previas incoadas por las distintas fiscalías, que fue de 140.173, con 138.630 por delitos y 1.543 por infracciones leves (antiguas faltas), por tratarse de registros distintos, aunque ambas permiten hacerse una idea de la intensidad de la lacra, cuyo leve incremento (+0,66%) frente al año pasado considera el ministerio público «un dato positivo que permite concluir que se ha acudido más veces al sistema judicial porque se confía más» en él.

Esa mayor confianza no enmascara, sin embargo, las lagunas de ese mismo sistema, entre las que la Fiscalía destaca la figura de la «dispensa», la necesidad de cuya reforma califica de «urgente» por suponer un «elemento perturbador» que impide «en muchos casos» materializar «uno de los pilares en la lucha contra esta lacra» como el ámbito punitivo.

La dispensa permite a cualquier testigo decidir si declara o no contra un pariente de hasta segundo grado, algo que «pervierte» el tratamiento jurídico de la violencia de género y que «puede ser otro elemento de presión sobre una víctima tan vulnerable», señala la Fiscalía, que anota que el uso de esta figura «provoca no solo sensación social de impunidad; también el desánimo de los operadores jurídicos en general y de los fiscales en particular», ya que suele derivar en el archivo de la causa.

El año pasado se acogieron a ella 17.205 mujeres, lo que supone que el 10,66% de los casos se quedó sin el principal testigo de cargo, ya fuera por dependencia económica, por presión de los hijos, por amenazas del denunciado o por otros motivos, como la ambigüedad de los sentimientos hacia el agresor.

EL SILENCIO DE LOS ENTORNOS

Otro de los aspectos que fallan en el sistema se encuentra en los entornos de las víctimas, en sus parientes y amigos, en los que la Fiscalía aprecia «una falta de implicación», ya que «del total de las denuncias, solo se presentaron por parte de familiares el 0,57 % y ello pese que sabemos que el 81 % de las víctimas reconocieron que habían contado su situación alguna vez a familiares y personas de su entorno», señala la memoria, que también destaca «el escaso porcentaje de denuncias efectuadas por servicios asistenciales», el cual, «al margen de la emisión del parte de lesiones, solo alcanza el 2,74%» del total (apenas 4.600) tras caer a poco más de la mitad en un año.

Cuando la víctima renuncia a la protección

Otra de las averías del sistema está en la protección de las denunciantes. Quince de las 59 víctimas mortales de la violencia machista registradas el año pasado en España (este año van 41 y 6 menores), una de cada cuatro, habían presentado denuncias, lo que ha llevado a la Fiscalía a estudiar uno por uno los casos «para de esa forma conocer dónde se ha podido fallar o cómo se puede mejorar el objetivo de proteger a la víctima de una forma efectiva, sin perder de vista que la denuncia puede en ocasiones ser un factor que aumente la agresividad del maltratador y, por tanto, un elemento que eleve el nivel de riesgo».

Seis de las quince carecían de medidas de protección al haberse archivado sus casos por negarse a declarar contra sus agresores o haberse acogido a la dispensa, otra las perdió al resultar absuelto su inminente asesino, en una ocasión el sospechoso no llegó a ser localizado antes de que, al enterarse de la denuncia, acabara con la vida de su expareja, y en otros dos casos no existían ya porque el maltratador había cumplido la sentencia de la que se derivaban. Las otras cinco murieron con «medidas protectoras vigentes» que los asesinos quebrantaron, aunque en ninguno de esos casos se aplicaron medidas de control telemático, que sí se pudieron en práctica en 1.577 procedimientos. Se trata de «no perder a la víctima y allanar su tránsito por el proceso» para «reafirmar su decisión», «afianzar su confianza» y «conseguir su total recuperación», incluso, «con independencia del curso que siga la causa penal» y «máxime cuando existen hijos menores».

Responsabilidad política

La responsabilidad política es la imputabilidad de una valoración por el uso que un órgano o individuo hace del poder.

Así, habría que preguntarse qué responsabilidad tienen los políticos que trabajan en líneas de acción para erradicar esta lacra y que a día de hoy no han encontrado ninguna herramienta verdaderamente eficaz que elimine de la sociedad cualquier signo de violencia por género o cualquier otra violencia.