Los peritos señalan a Costas y al abandono del Estado en la tragedia mortal de El Bocal
Los peritos señalan a Costas y al Gobierno de España por la tragedia de El Bocal. Los expertos apuntan a falta de mantenimiento, corrosión y uso de materiales baratos en la pasarela cuyo derrumbe dejó seis muertos en Santander.
La investigación judicial sobre el derrumbe de la pasarela de El Bocal empieza a dejar un escenario cada vez más comprometido para la Demarcación de Costas y, por extensión, para el Gobierno de España. Las declaraciones de los peritos este viernes ante la jueza han apuntado directamente a una combinación de abandono, falta de mantenimiento y decisiones técnicas difíciles de justificar en una infraestructura situada junto al mar.
La tragedia, ocurrida el pasado 3 de marzo en Santander, dejó seis estudiantes fallecidos y una joven herida grave tras el colapso de la estructura de madera instalada en la senda litoral.
El caso ya había provocado enorme preocupación política y social después de que la investigación situara el foco sobre Costas, organismo dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez.
Materiales “mucho más baratos” en una pasarela junto al mar
Uno de los testimonios más demoledores fue el del perito contratado por las familias de las víctimas. Ricardo Díaz, decano del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, aseguró ante la magistrada que en la construcción de la pasarela, ejecutada en 2014 bajo responsabilidad de Costas, se utilizaron materiales “mucho más baratos” de los recomendables para un entorno marino.
Según explicó, las piezas metálicas fundamentales de la estructura se realizaron con acero galvanizado en vez de acero inoxidable, pese a estar permanentemente expuestas a humedad, salitre y corrosión.
El experto llegó a afirmar que el ahorro económico conseguido con esa decisión fue mínimo dentro del conjunto del proyecto, mientras que las consecuencias terminaron siendo devastadoras.
Las sospechas sobre el estado de la infraestructura no eran nuevas. De hecho, ya trascendieron correos internos entre Costas y Dragados alertando de fallos de seguridad antes de la tragedia.
“Los herrajes prácticamente habían desaparecido”
La declaración del perito judicial independiente tampoco dejó margen para la tranquilidad. El ingeniero ratificó que la pasarela cedió por la rotura de un herraje completamente deteriorado por la corrosión.
Además, sostuvo que no existía un plan de mantenimiento adecuado y que las inspecciones realizadas fueron “insuficientes” e incluso “negligentes”.
La magistrada puso especial interés en conocer por qué no se utilizaron materiales inoxidables y por qué no se actuó antes pese al avanzado estado de deterioro de la estructura.
Según los expertos, los elementos metálicos debían haberse sustituido apenas dos años después de la inauguración de la pasarela. Sin embargo, durante más de una década no se abordó una intervención integral.
Precisamente, varias informaciones ya habían revelado que se trataba de una obra iniciada por el Estado y prácticamente abandonada en mantenimiento durante más de diez años.
El foco judicial se estrecha sobre Costas
La causa mantiene actualmente investigados a varios responsables vinculados a la Demarcación de Costas, incluido el entonces director del proyecto y actual jefe del organismo en Cantabria.
Las comparecencias de este viernes han reforzado la tesis de que el derrumbe no fue un accidente imprevisible, sino la consecuencia de años de dejadez sobre una infraestructura pública sometida a condiciones extremas.
La propia magistrada ya había dejado entrever esa línea de investigación en una resolución anterior en la que apuntaba a posibles negligencias de Costas y del entorno del Gobierno de Sánchez.
De hecho, uno de los datos que más ha llamado la atención durante la sesión judicial es que las actuaciones realizadas en 2024 se limitaron a las barandillas laterales, sin intervenir en los elementos estructurales críticos que finalmente colapsaron.
El Ayuntamiento exigió explicaciones desde el primer momento
Mientras avanzaba la investigación, el Ayuntamiento de Santander reclamó públicamente aclaraciones a Costas sobre el estado real de la pasarela y las responsabilidades en su conservación.
La alcaldesa y el equipo municipal llegaron a pedir explicaciones urgentes al organismo estatal tras el colapso, especialmente después de que Costas intentara deslizar que el Ayuntamiento había recepcionado la infraestructura años atrás.
Sin embargo, el Consistorio negó esa versión y respondió públicamente a las afirmaciones del organismo estatal sobre la supuesta cesión de la pasarela en 2015. La polémica quedó reflejada en la información sobre cómo Costas aseguró que Santander recepcionó la pasarela y el Ayuntamiento lo desmintió.
Dolor, indignación y presión política
La tragedia dejó una enorme conmoción en Cantabria. Las historias de los jóvenes fallecidos en el derrumbe y la evolución de Ainara, la única superviviente de la tragedia, han mantenido viva la presión social para esclarecer completamente lo ocurrido.
En paralelo, el debate político sigue creciendo. Mientras algunos partidos intentaron inicialmente dirigir las críticas hacia el Ayuntamiento, las decisiones judiciales y las periciales han ido situando el foco cada vez más cerca de Costas y del Gobierno central.
Incluso el PSOE terminó reclamando dimisiones semanas después, pese a haber señalado inicialmente al Consistorio santanderino. La tensión quedó reflejada en la información sobre cómo los socialistas cambiaron de posición tras el avance de la investigación.
Santander sigue esperando respuestas
La sensación dominante en la ciudad sigue siendo la misma: demasiadas advertencias ignoradas, demasiadas señales de deterioro y demasiadas preguntas sin responder sobre una infraestructura que dependía directamente del Estado.
La tragedia de El Bocal amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de gestión pública en Cantabria en los últimos años.
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