La jueza señala a Costas: ve negligencia y apunta al Gobierno de Sánchez por la tragedia de El Bocal

Nuevo giro en la investigación del trágico derrumbe de la pasarela de El Bocal, en Santander, que el pasado 3 de marzo costó la vida a seis jóvenes. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 ha acordado dirigir acción penal contra dos altos responsables de la Demarcación de Costas en Cantabria, al considerar que era esta administración —dependiente del Estado— la única responsable del mantenimiento de la infraestructura.

En concreto, la magistrada señala al jefe de Servicio de Proyectos y Obras y al director de las obras de la senda costera de 2014, al entender que, por su cargo, tenían una responsabilidad directa en la conservación de la pasarela siniestrada.

Costas, única responsable del mantenimiento

El auto es contundente: las obras de la senda costera nunca se finalizaron ni fueron recepcionadas por el Ayuntamiento, por lo que el compromiso municipal de mantenimiento nunca llegó a activarse.

“La Demarcación de Costas era y es la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento”, señala la magistrada, que recuerda además que la pasarela permaneció abierta al público desde 2014 sin restricciones.

La resolución se basa en la documentación aportada tanto por el Ministerio como por el propio Ayuntamiento, que confirma que:

• El primer proyecto fue paralizado por Costas
• El contrato se resolvió sin finalizar la obra
• El segundo proyecto de 2016 nunca llegó a ejecutarse

Indicios de negligencia en el mantenimiento

La jueza aprecia además “serios indicios de un posible actuar negligente” en la conservación de la estructura.

El punto clave está en la reparación realizada en 2024. Según recoge el auto:

• Se actuó únicamente sobre la estructura de madera
• No se intervino en los elementos metálicos, que estaban “completamente oxidados”

Este extremo ha sido confirmado por un informe de la Policía Científica, que considera que el estado de los soportes era crítico.

Para la magistrada, esta intervención “ha podido resultar insuficiente”, lo que refuerza la hipótesis de negligencia.

Costas conocía el deterioro

El auto también revela que Costas tenía conocimiento previo del mal estado de la pasarela.

Un informe interno de mayo de 2024, elaborado por un vigilante de la propia Demarcación, ya alertaba del deterioro de las estructuras. Aun así, la actuación posterior no abordó los elementos clave que finalmente fallaron.

El Ayuntamiento, sin obligación de mantener pero con deber de actuar

Aunque exime al Ayuntamiento de la responsabilidad de mantenimiento, la magistrada introduce un matiz relevante:
el Consistorio sí tenía competencias en materia de seguridad pública.

En este sentido, el auto señala que, si el riesgo era visible, el Ayuntamiento debía:

• Señalizar
• Acotar
• O incluso precintar la zona

Por ello, la investigación también analizará si el estado de la pasarela era evidente para cualquier ciudadano antes del colapso.

Nueva fase de la investigación

La jueza ha ordenado nuevas diligencias para esclarecer lo ocurrido, entre ellas:

• Un informe pericial clave sobre si la reparación de 2024 fue suficiente
• La recopilación de fotografías y testimonios previos al derrumbe
• La declaración de nuevos testigos, incluidos vecinos y usuarios habituales de la zona

Entre ellos, una integrante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte declarará el próximo 27 de marzo.

Un caso que entra en su fase decisiva

Con este auto, la investigación da un paso decisivo al delimitar responsabilidades y situar el foco en la gestión y mantenimiento de la infraestructura.

La causa sigue abierta y la resolución puede ser recurrida, pero por primera vez la justicia apunta de forma directa a la responsabilidad de la administración estatal en una tragedia que ha conmocionado a Cantabria.