Una obra iniciada por el Estado, paralizada y sin mantenimiento durante más de diez años
La investigación sobre el colapso de la pasarela en El Bocal no solo se centra en las causas técnicas del derrumbe, sino también en la cadena de decisiones administrativas que han marcado el desarrollo y abandono del proyecto de la senda costera durante más de dos décadas.
El colapso de la pasarela de madera en la zona de El Bocal ha abierto una investigación que analiza tanto las causas técnicas del derrumbe como la cadena administrativa que permitió que la estructura permaneciera durante años en un estado de deterioro.
Una de las claves de este análisis es el origen del proyecto. La senda costera de Santander fue promovida por la Demarcación de Costas en Cantabria, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que fue la administración encargada de redactar el proyecto, licitar las obras y adjudicar su ejecución.
Un proyecto estatal que nunca llegó a completarse
El diseño de la senda litoral comenzó a gestarse en 2004 y fue finalmente ejecutado una década después. En 2013 el Ministerio impulsó definitivamente el proyecto y adjudicó las obras a la empresa Dragados, que inició los trabajos en 2014.
Entre las actuaciones previstas se encontraban la instalación de pasarelas de madera para salvar grietas en los acantilados, una de las cuales es la que terminó colapsando en El Bocal.
Sin embargo, la obra nunca llegó a finalizarse. Apenas siete meses después de comenzar, los trabajos se paralizaron tras las protestas vecinales y el cuestionamiento del impacto ambiental del proyecto.
A pesar de esa paralización, parte de las estructuras ya instaladas permanecieron en el litoral, incluidas varias pasarelas que continuaron en uso durante años.
Una infraestructura sin finalización ni mantenimiento claro
Tras la paralización de las obras en 2015, el Ministerio elaboró un nuevo proyecto para finalizar la senda costera en 2016, incorporando algunas modificaciones. Sin embargo, este segundo plan nunca llegó a ejecutarse.
Desde entonces, las estructuras que se habían instalado quedaron en el terreno sin que se completara la obra ni se desarrollara una intervención integral sobre la infraestructura.
Durante más de una década, la exposición al salitre, el viento, los temporales y la falta de actuaciones de conservación fueron deteriorando los elementos instalados.
La clave jurídica: si la obra fue o no recepcionada
Uno de los elementos que puede resultar determinante en la investigación es si la obra llegó a ser formalmente recepcionada.
La legislación establece que la recepción de una obra pública debe formalizarse mediante un acta firmada entre promotor y constructor. Este documento certifica la finalización de los trabajos y puede implicar el traslado de responsabilidades de mantenimiento a otra administración si así lo establece el convenio.
El Ayuntamiento de Santander sostiene que ese documento no existe, lo que implicaría que la obra nunca fue oficialmente entregada ni finalizada.
En ese escenario, la responsabilidad sobre la infraestructura seguiría recayendo en la administración promotora del proyecto, es decir, el Estado.
La investigación examina toda la cadena de decisiones
La jueza que instruye el caso ya ha solicitado la documentación completa del proyecto tanto al Ministerio para la Transición Ecológica como al Ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria.
La Policía Nacional continúa además recabando pruebas en el lugar del accidente para determinar si el colapso se debió a un fallo estructural derivado del deterioro o a otra causa.
El análisis judicial deberá determinar ahora si la pasarela se encontraba en condiciones adecuadas de seguridad y si alguna administración incumplió su deber de conservación.
Mientras tanto, la historia de la senda costera —un proyecto iniciado hace más de veinte años, paralizado a mitad de ejecución y nunca concluido— se ha convertido en una de las claves para entender cómo una infraestructura pública pudo permanecer durante años sin una gestión clara sobre su mantenimiento.
