Aunque no estaba dentro del orden del día, los representantes de la oposición cántabra han aprovechado sus intervenciones en el Parlamento para exigir responsabilidades política por la presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del servicio de mantenimiento y conservación de carreteras de la Consejería de Obras Públicas.

Con palabras muy medidas, pero firmes, criticaron al Gobierno regional por su «incapacidad» de «controlar» y «evitar la corrupción» mientras pedían responsabilidades políticas tras los registros y detener a ocho personas por una presunta trama de corrupción.

Este caso, por el que la semana pasada fue detenido el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas de Cantabria -y enviado a prisión provisional a la cárcel de El Dueso-, algunos de sus familiares y representantes de las empresas implicadas (Rucecan, Cannor, API Movilidad y La Encina), ha ‘salpicado’ varias de las intervenciones de la oposición en el Pleno, pese a que este asunto no estaba en el orden del día, una sesión a la que, no ha acudido el consejero de Obras Públicas, el regionalista José Luis Gochicoa, a quien se vio en actos públicos la semana pasada.

«Un presidente que no se entera de nada». Así, por ejemplo, durante el debate de una iniciativa sobre el problema de los trenes de Cercanías, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha afirmado que le parece «muy grave tener un presidente que no se entera de nada ni cuando no se fabrican los trenes ni cuando hay corrupción en la Consejería de Obras Públicas» o -ha añadido- «que dice que no se entera de nada».

Además, al PP le «cuesta tanto creer» que «nadie» en el Gobierno regional supiera nada de lo que estaba ocurriendo en Obras Públicas con -ha dicho- «contratos amañados por importe de 42 millones de euros en la Administración del Gobierno de Cantabria». «¿Nadie sabía nada? ¿Nadie se enteró de nada? Pues entonces sé para qué queremos a responsables políticos enfrente del Gobierno?», ha afirmado Fernández.

El portavoz popular ha opinado que en este caso, como en el de los trenes, ha habido «negligencia» por parte del Gobierno de Cantabria «que es no querer enterarse de nada».  Por su parte, su homólogo de Cs, Félix Álvarez, se ha quejado de que han transcurrido ya cinco días desde que «la UDEF entró a saco en la Consejería de Obras Públicas» y aún el Gobierno ni su presidente ha determinado quiénes son los «responsables políticos» de lo ocurrido.

Para Vox, este caso refleja la «incapacidad del Gobierno para controlar lo que debe controlar y evitar».

Y es que según se explicó hace unos días desde la Agencia Tributaria, dentro de la supuesta trama de fraude en la contratación de obra pública, el jefe del Servicio de Carreteras intervenía desde su condición de alto funcionario en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo presuntamente una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores.

Para ello habría negociado precios, negociado los términos de las licitaciones con empresas concertadas y hecho uso de información privilegiada.

Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos. A su vez, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.