El nuevo decreto del Gobierno de Cantabria que regula los senderos deportivos de la comunidad autónomo no convence a los cinco grupos de acción local de la región, que consideran que la nueva normativa «genera inseguridad jurídica».

La Junta Directiva de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, presidida por Leoncio Carrascal, critica en un comunicado, que esta nueva normativa no ha contado en su concepción con la participación del medio rural, que es sobre el que «recae el peso» de la nueva regulación. «Para la redacción de esta norma no se ha tenido en cuenta a ningún actor territorial, ni sectorial, ni a nivel administrativo, ni a nivel técnico, ni siquiera a los ayuntamientos y jni Juntas Vecinales, que son quienes tienen la competencia», afirma Carrascal.

Los responsables de los cinco Grupos, indican que este nuevo decreto genera inseguridad jurídica debido que es poco claro en la delimitación del destino principal de los caminos. La nueva norma indica el desarrollo de actividades lúdico-deportivas, un «concepto jurídico indeterminado que no queda bien definido en el texto legal», apuntan y añaden que sendas y caminos son un recurso fundamental para el medio rural desde perspectivas tan diferentes como el uso laboral, el transporte y el turismo.

«Muchos de ellos existen desde hace mucho tiempo y no tienen como destino el lúdico deportivo», apunta Carrascal, que se pregunta «¿Quién determina cuál es su uso principal?».

Los cinco grupos de acción Local de Cantabria, trabajan desde hace dos semanas en la búsqueda de alternativas al nuevo Decreto, abordando lineas encaminadas a analizar la normalización de la señalización, que otras comunidades ya se ha regulado.

También se trabaja en la base cartográfica y topoguía que, tal y como está redactado en el decreto, «limita la autonomía no solo local sino la actividad privada de cualquier persona pública, privada o guía que se pretenda elaborar».

«El decreto marca que deben realizarse conforme a unos criterios que ni siquiera se establecen», apuntan y lamentan que el decreto «no se limita a crear una red de senderos deportivos o de uso turístico, sino que pretende regular cualquier tipo de uso público, un hecho que limita la dinamización socieconómica basada en el uso de los caminos, como recurso turístico y de destino».

La Red Cántabra de Desarrollo Rural y los Grupos de Acción Local afirman que este decreto es necesario en cuanto a la homogeneización de la red de senderos de Cantabria, sin embargo con la nueva normativa, la autorización del sendero queda supeditada a su homologación por parte de la Federación de Montaña.

Para los Grupos de Acción Local de Cantabria, esta circunstancia supone a efectos prácticos que quede en sus manos el establecimiento de toda la red de sendas autonómicas vulnerando la autonomía local e incrementando notablemente la burocracia.