La justicia manda que se vacune también a los médicos privados cántabros
- El TSJC acepta las medidas cautelares para que se vacune a médicos privados
- Piden a la Consejería "que remueva cualquier impedimento que obstaculice o dificulte la vacunación contra la covid-19 de todo el personal médico".
22:12 26/04/21
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado la razón al Colegio de Médicos en su solicitud de medidas cautelares para reclamar la vacunación a los facultativos del ámbito privado en las mismas condiciones que los del sector público.
El Servicio Cántabro de Salud (SCS) explica a Efe que a priori entiende que no hay vacunaciones pendientes en ese grupo y que, si quedara alguna, sería "una cifra simbólica que no altera nada" el plan de vacunación y las citas ya dadas.
El Juzgado de lo Contencioso de Santander, ante el que se interpuso la demanda inicialmente a principios de marzo, se declaró entonces incompetente para resolver la solicitud de las medidas solicitadas por el Colegio de Médicos de Cantabria y acordó su remisión a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
El asunto llegó a esta Sala, que admitió la competencia, instó a la administración para que alegara en relación a la medida solicitada por el Colegio de Médicos, y ha resuelto ahora.
En un auto que se ha notificado este lunes, los magistrados del TSJ instan a Sanidad a vacunar a todo el personal médico que ejerce la actividad privada en Cantabria "sea cual sea su vínculo, sin dilación, discriminación o demora alguna".
Y piden a la Consejería "que remueva cualquier impedimento que obstaculice o dificulte la vacunación contra la covid-19 de todo el personal médico".
La Sala determina que en ningún caso se puede concluir "la falta de razonabilidad, la inidoneidad o la desproporción" de la medida solicitada por el Colegio de Médicos.
El tribunal ha considerado que en la estrategia de vacunación se establece "la vacunación prioritaria del personal sanitario de primera línea y, posteriormente, de todo el personal sanitario y sociosanitario, sin distinguir entre medicina pública y privada, como no puede ser de otra manera".
Y debido a esto es el Colegio de Médicos de Cantabria, "no el colegio de médicos privados, el que solicita esta medida cautelar", abunda el auto.
Por eso, la Sala estima la solicitud realizada y recuerda que, tal y como se ha pronunciado a lo largo de este año de pandemia en relación a distintas medidas cautelares de carácter sanitario, "la salud de las personas y su derecho a la vida son, junto con la funcionalidad del sistema sanitario, valores a considerar enfrentados en este tipo de procedimientos".
"Es evidente que, en este asunto, la preservación de la seguridad de los sanitarios revierte en la seguridad en la prestación del servicio sanitario y tiene que primar", subraya.
Para la Sala, "en este contexto de pandemia y considerando el potencial expansivo del virus y su grado de letalidad, el principio de precaución despliega toda su virtualidad".
Y ello de manera que "debe atenderse a cualquier circunstancia o situación que pueda razonablemente pensarse impide la expansión del virus, y se ha de contar con cualquier instrumento que sea razonablemente útil para la lucha contra la pandemia".
La decisión de la Sala no es firme y contra ella cabe recurso de reposición ante el mismo órgano judicial, pero Sanidad no va a presentarlo. El recurso no paraliza la ejecución. ![Publicidad 171034]()
El Servicio Cántabro de Salud (SCS) explica a Efe que a priori entiende que no hay vacunaciones pendientes en ese grupo y que, si quedara alguna, sería "una cifra simbólica que no altera nada" el plan de vacunación y las citas ya dadas.
El Juzgado de lo Contencioso de Santander, ante el que se interpuso la demanda inicialmente a principios de marzo, se declaró entonces incompetente para resolver la solicitud de las medidas solicitadas por el Colegio de Médicos de Cantabria y acordó su remisión a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
El asunto llegó a esta Sala, que admitió la competencia, instó a la administración para que alegara en relación a la medida solicitada por el Colegio de Médicos, y ha resuelto ahora.
En un auto que se ha notificado este lunes, los magistrados del TSJ instan a Sanidad a vacunar a todo el personal médico que ejerce la actividad privada en Cantabria "sea cual sea su vínculo, sin dilación, discriminación o demora alguna".
Y piden a la Consejería "que remueva cualquier impedimento que obstaculice o dificulte la vacunación contra la covid-19 de todo el personal médico".
La Sala determina que en ningún caso se puede concluir "la falta de razonabilidad, la inidoneidad o la desproporción" de la medida solicitada por el Colegio de Médicos.
El tribunal ha considerado que en la estrategia de vacunación se establece "la vacunación prioritaria del personal sanitario de primera línea y, posteriormente, de todo el personal sanitario y sociosanitario, sin distinguir entre medicina pública y privada, como no puede ser de otra manera".
Y debido a esto es el Colegio de Médicos de Cantabria, "no el colegio de médicos privados, el que solicita esta medida cautelar", abunda el auto.
Por eso, la Sala estima la solicitud realizada y recuerda que, tal y como se ha pronunciado a lo largo de este año de pandemia en relación a distintas medidas cautelares de carácter sanitario, "la salud de las personas y su derecho a la vida son, junto con la funcionalidad del sistema sanitario, valores a considerar enfrentados en este tipo de procedimientos".
"Es evidente que, en este asunto, la preservación de la seguridad de los sanitarios revierte en la seguridad en la prestación del servicio sanitario y tiene que primar", subraya.
Para la Sala, "en este contexto de pandemia y considerando el potencial expansivo del virus y su grado de letalidad, el principio de precaución despliega toda su virtualidad".
Y ello de manera que "debe atenderse a cualquier circunstancia o situación que pueda razonablemente pensarse impide la expansión del virus, y se ha de contar con cualquier instrumento que sea razonablemente útil para la lucha contra la pandemia".
La decisión de la Sala no es firme y contra ella cabe recurso de reposición ante el mismo órgano judicial, pero Sanidad no va a presentarlo. El recurso no paraliza la ejecución.
