La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha emitido una sentencia en la que declara nulas las resoluciones de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, las cuales autorizaron la extracción de lobos en varios municipios de la región durante el verano de 2022. Esta decisión judicial ha generado un importante debate en la sociedad cántabra y en el ámbito conservacionista, poniendo de manifiesto la compleja relación entre la protección de especies y los intereses ganaderos.

La polémica surge a raíz de las medidas cautelares que se tomaron para paralizar las autorizaciones de extracción de lobos en los municipios de Ruente, Cabuérniga y Los Tojos, así como en la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga. Dichas medidas cautelares fueron impuestas tras la presentación de un recurso por parte de la organización ecologista Ecologistas en Acción, que cuestionaba la legalidad de las autorizaciones otorgadas por la Consejería de Desarrollo Rural. El TSJC, en su sentencia, hace hincapié en la protección especial que se otorga al lobo en Cantabria, considerándolo una especie especialmente protegida.

En este sentido, la legislación regional establece que la muerte del lobo está prohibida, salvo en casos excepcionales en los que se justifique que la especie está causando perjuicios importantes al ganado y no existan alternativas satisfactorias. El fallo del TSJC se basa en la falta de justificación por parte de la administración regional respecto a la inexistencia de alternativas a la extracción de ejemplares de lobo. Según la sentencia, la normativa exige que se demuestre que no hay otra solución satisfactoria y que la extracción no afectará al estado de conservación de las poblaciones de lobos. La sentencia, que se dio a conocer este viernes, ha generado diversas reacciones en la sociedad cántabra. Por un lado, sectores ganaderos argumentan que la presencia del lobo supone una amenaza para sus explotaciones y reclaman medidas que permitan controlar su población. Por otro lado, organizaciones ecologistas celebran la decisión del TSJC como un paso importante en la protección de la fauna salvaje y en la conservación de los ecosistemas naturales.

En este contexto, la sentencia del TSJC destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre la protección de especies y los intereses económicos de los sectores ganaderos. Si bien es indiscutible la necesidad de proteger la biodiversidad y garantizar la supervivencia de especies en peligro de extinción, también es necesario abordar las preocupaciones legítimas de los ganaderos respecto a la seguridad de sus animales y la viabilidad de sus explotaciones.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha manifestado su satisfacción por el fallo del TSJC, considerándolo un reconocimiento a la importancia de proteger al lobo como especie clave en los ecosistemas naturales. La organización ha destacado la necesidad de promover políticas de convivencia entre el lobo y la actividad ganadera, basadas en el uso de medidas preventivas y en el fomento de prácticas de manejo sostenible del ganado.

Gestión de la fauna salvaje. Desde el ámbito político, la sentencia del TSJC ha generado un debate sobre la gestión de la fauna salvaje y los conflictos que surgen entre la conservación de especies y los intereses económicos. Algunos partidos políticos han mostrado su apoyo a la decisión judicial, mientras que otros han criticado la falta de medidas efectivas para proteger los intereses de los ganaderos. En este sentido, cabe recordar que el conflicto entre el lobo y la ganadería es un tema recurrente en numerosas regiones de España, donde la presencia de esta especie salvaje genera tensiones entre conservacionistas y sectores ganaderos.

En Cantabria, la situación no es diferente, y la convivencia entre el lobo y la actividad ganadera ha sido objeto de controversia durante años. Ante este escenario, resulta fundamental promover un diálogo constructivo entre todos los actores implicados, buscando soluciones que permitan conciliar la conservación de la fauna salvaje con la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas.

En este sentido, la sentencia del TSJC puede ser vista como una oportunidad para replantear las políticas de gestión de la fauna salvaje en Cantabria y avanzar hacia un modelo más equilibrado y sostenible. En conclusión, la sentencia del TSJC que declara nula la extracción de lobos autorizada por el Gobierno de Cantabria en 2022 pone de manifiesto la importancia de garantizar la protección de especies en peligro de extinción y la necesidad de promover políticas de convivencia entre la fauna salvaje y la actividad ganadera. Si bien es necesario abordar las preocupaciones legítimas de los ganaderos, también es fundamental adoptar medidas efectivas para proteger la biodiversidad y preservar los ecosistemas naturales. En este sentido, la sentencia del TSJC puede ser vista como un paso importante hacia un modelo de gestión más equilibrado y sostenible en Cantabria y en otras regiones donde se enfrentan conflictos similares entre conservacionistas y sectores ganaderos.