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El Diario de Cantabria

Dos ex altos cargos Imputados por presunta prevaricación por contratos del SCS

El ex subdirector de Gestión Económica Francisco Javier González.
El ex subdirector de Gestión Económica Francisco Javier González.
Dos ex altos cargos Imputados por presunta prevaricación por contratos del SCS
La juez de instrucción entiende que hay "indicios racionales de criminalidad" para imputar por presunta prevaricación administrativa a dos ex altos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) al apreciar irregularidades en contrataciones.

Se trata del ex subdirector de Gestión Económica Francisco Javier González, y Alejandro Rojo, que fue gerente de atención primaria.

Fundamentalmente, la juez instructora considera que estas personas fraccionaron contratos para eludir la publicidad y la concurrencia que establece la ley.

La instructora también aprecia indicios de criminalidad en un tercero, un asesor que fue contratado. Esta persona ha fallecido recientemente, con lo que su presunta responsabilidad penal se extingue.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander cree que el ex gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, al que también se acusaba en la causa, no ha cometido delitos y acuerda el sobreseimiento provisional.

A principios del pasado año la instructora ya acordó el sobreseimiento provisional de la investigación respecto al ex gerente del Servicio Cántabro de Salud porque no veía acreditado el fraccionamiento de contratos en las obras en el Hospital Virtual de Valdecilla que se le achacaba.

Ese archivo provisional fue recurrido y a raíz de ello la Audiencia ordenó que el SCS informara sobre si hubo un convenio entre administraciones para asumir las obras del Hospital Virtual de Valdecilla. Con la respuesta ya dada, la juez mantiene que no se ha acreditado prevaricación en este caso.

Por eso dictamina el sobreseimiento provisional de la causa para Pérez Gil y también para el ex subdirector de Gestión Económica respecto a esos hechos concretos del Hospital Virtual.

Con todo, en el auto por el que se da concluida la instrucción, al que ha tenido acceso Efe, la juez ordena que se continúen tramitando estas diligencias como procedimiento abreviado respecto al resto de hechos investigados.

Y ello porque detecta "indicios racionales de criminalidad" en los tres acusados ya citados: Francisco Javier González, Alejandro Rojo y el asesor fallecido.

En el auto, la juez explica que a instancias del subdirector de Gestión Económica la gerencia de Atención Primaria del SCS contrató al asesor, y que para eludir el procedimiento legalmente establecido se tramitaron 5 contratos menores: 3 encargados a esa persona y 2 a nombre de su hija.

Así, según la instructora, se evitó la publicidad de los contratos y la libre concurrencia, pese a que los pagos globales que generaron fueron de 84.619 euros.

El auto también recoge que a propuesta del que era subdirector de Gestión Económica y con la firma del entonces gerente de Atención Primaria se contrató a unas empresas para hacer obras de reparación, mantenimiento y conservación en centros de salud Dávila, San Vicente, Zapatón y Dobra.

Para ello se tramitan cuatro contratos menores y, según el informe de control financiero permanente de contratación administrativa del SCS, en las memorias justificativas no consta el responsable que las ha elaborado y en todas se recoge un plazo de ejecución de 8 semanas.

En las cuatro memorias además hay presupuestos con importes estimados, que con IVA y porcentaje de beneficio industrial suponen cantidades que oscilan entre 38.000 y 57.000 euros, si bien el SCS tenía con otra entidad un contrato de mantenimiento integral de los centros de salud.

La juez advierte de que "de nuevo" se produce el fraccionamiento del objeto del contrato, al tramitar como contratos menores cuantías que en conjunto superaban las establecidas en la normativa para esa figura.

A Francisco Javier Gómez también le atribuye haber autorizado la adquisición de 22 ecógrafos en una operación dividida en dos lotes, cada uno de 11 aparatos. Y además cada lote se divide 11 "sublotes" "que constituyen 11 contratos menores".

El auto explica que a una de las empresas se la pagaron casi 14.000 euros en 11 contratos menores, en total casi 153.000 euros.

Y a otra empresa fueron alrededor de 12.500 euros por cada ecógrafo lo que se le pagó, hasta llegar a una suma total que superó los 138.000 euros en otros 11 contratos menores.

Según el auto, el informe definitivo de la Intervención General concluye que no se justificó debidamente el expediente, los motivos de la división inicial en dos lotes, ni que sean objeto de aprovechamiento separado.

Ese informe de la Intervención General también dice que la Subdirección de Gestión Económica no era competente para autorizar la operación.

Contra este auto que ordena la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado cabe recurso, y de hecho ya está recurrido.

Además, la juez determina que se dé traslado de las diligencias previas a la Fiscalía y a las acusaciones para que presenten escrito de acusación y pidan la apertura de juicio oral, o bien soliciten el sobreseimiento.

En esta causa el PP denunció ante el Ministerio Público una serie de hechos relacionados con contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud que podían suponer a su juicio varios delitos. 

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