En esta entrevista, José Mota, portavoz de Jucil en Cantabria, ofrece su visión sobre los desafíos que enfrenta la Guardia Civil en la región, abarcando desde la estabilidad de los niveles de delincuencia hasta la urgente necesidad de actualizar los catálogos de trabajo y las leyes para reflejar las demandas actuales de seguridad. Mota pinta un cuadro de una institución luchando contra la delincuencia con recursos insuficientes, enfrentando no solo un déficit crítico de personal sino también un sistema obsoleto que no se ha actualizado en dos décadas.

A pesar de los desafíos únicos de Cantabria, comparativamente menores en magnitud a los de otras regiones como Barbate, Mota enfatiza que los problemas enfrentados no son menores. La estabilidad actual de los niveles de delincuencia en Cantabria no debe ocultar la creciente preocupación por la falta de recursos y personal, un tema recurrente en su discurso. La Guardia Civil de Cantabria opera con un déficit de personal significativo, con solo 92 de los 127 puestos cubiertos según un catálogo obsoleto que sugiere la necesidad de una fuerza mucho mayor para satisfacer las demandas de seguridad actuales.

La entrevista destaca un sentimiento de desánimo entre los miembros de la Guardia Civil, exacerbado por la percepción de una respuesta gubernamental insuficiente a los problemas crónicos de la institución. Mota critica la movilización de recursos como inadecuada y señala la necesidad de una actualización urgente de los catálogos de trabajo y una reforma integral de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986.

El cambio en el panorama delictivo, con un aumento en delitos como la violencia de género y los delitos telemáticos, requiere una asignación mayor de recursos y personal. Mota critica la distribución actual de cuarteles y propone una reestructuración para mejorar la eficacia de la Guardia Civil. La falta de apoyo institucional y la erosión del principio de autoridad son señalados como factores críticos que afectan el desempeño de la Guardia Civil, junto con una desigual distribución de recursos y el desmantelamiento de equipos especializados.

Falta de personal y de recursos. La entrevista con José Mota es una llamada de atención sobre la urgente necesidad de abordar la falta de personal y recursos en la Guardia Civil, subrayando la importancia de una acción gubernamental decisiva para garantizar la seguridad y eficacia de la institución en Cantabria y, por extensión, en toda España. La seguridad ciudadana, como destaca Mota, debe ser una prioridad ineludible, requiriendo una respuesta coordinada y efectiva para enfrentar los retos actuales y emergentes en el ámbito de la seguridad pública.

En cuanto a la situación actual de la seguridad, Mota indicó que, afortunadamente, los niveles de delincuencia en Cantabria se han mantenido estables. A pesar de haber experimentado un incremento significativo en años anteriores, las estadísticas del 2022 al 2023 muestran que la situación se ha estabilizado, sin registrar cambios notorios en los niveles de delincuencia. La entrevista reflejó una visión cautelosamente optimista de la seguridad en Cantabria, subrayando la importancia de mantener los esfuerzos para preservar la tranquilidad en la región.

Mota destacó la grave falta de personal en la Guardia Civil de Cantabria, un problema que asegura es extensible al resto de España. Mota explicó que el actual catálogo de trabajo en Cantabria, que no se ha actualizado en 20 años, está obsoleto y no refleja las necesidades actuales de la fuerza. Según el catálogo, debería haber 127 puestos, de los cuales solo 92 están cubiertos, lo que representa un déficit aproximado del 12%. Sin embargo, Mota insiste en que, para satisfacer las necesidades reales de seguridad, se requeriría una plantilla de entre 1.580 a 1,600 efectivos, muy por encima de los 1.177 que serían necesarios según el catálogo obsoleto. Esta discrepancia subraya la urgencia de actualizar los catálogos de trabajo para reflejar con precisión las demandas actuales de la Guardia Civil en Cantabria y, por extensión, en toda España. Además, el portavoz de Jucil en Cantabria, expresó su preocupación ante la actual situación que enfrenta la Guardia Civil, señalando un sentimiento de desánimo debido a la respuesta insuficiente por parte del gobierno frente a los problemas endémicos que aquejan a la institución a nivel nacional. Mota destacó la movilización de recursos como insuficiente, mencionando la incorporación anual de alrededor de 1.500 reservistas y las comisiones de vocacionales, pero criticó la falta de personal y la antigüedad del sistema que afecta a la Guardia Civil. Según Mota, la edad de ingreso a la Guardia Civil se ha elevado, lo que resulta en una fuerza con menor capacidad de respuesta debido a la falta de personal joven y vocacional que pueda satisfacer las necesidades actuales de la institución. Esta situación, advirtió, podría llevar a un aumento de la delincuencia y a una reducción de la seguridad en Cantabria, aunque señaló que el problema se extiende a nivel nacional. La entrevista refleja una llamada de atención sobre la necesidad urgente de revertir esta tendencia para garantizar la seguridad y eficacia de la Guardia Civil en España.

Mota señaló la importancia de actualizar el catálogo de puestos de trabajo, que actualmente está en revisión, y destacó la necesidad de una reforma integral de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986, que, a su juicio, ya no se ajusta a las necesidades actuales.

El portavoz de Jucil también abordó el cambio en el panorama delictivo, subrayando cómo delitos como la violencia de género han evolucionado y ahora requieren una mayor asignación de recursos y personal para su control e investigación. Esta situación ha llevado a la necesidad de reasignar efectivos de otras unidades, lo cual, según Mota, afecta la capacidad de la Guardia Civil para desplegar patrullas y mantener la seguridad en la comunidad. Además, Mota criticó la distribución actual de cuarteles en Cantabria, calificando de «ridículo» que aún existan 37 cuarteles en la región, muchos de los cuales se encuentran vacíos o no cuentan con el personal suficiente para atender adecuadamente las necesidades de la población. Propuso una reestructuración y un reagrupamiento que reduciría su número a 22, argumentando que esto permitiría una mejor gestión de los recursos y una atención más eficaz a la ciudadanía.

Así mismo, uso énfasis en la falta de personal como un problema central que afecta a la Guardia Civil en Cantabria, lo que subraya la necesidad de abordar esta cuestión para mejorar la seguridad y el servicio a la comunidad.

También ha expresado su preocupación por la situación actual de la Guardia Civil en la región, señalando una serie de deficiencias que afectan al cuerpo. Durante una reciente entrevista, Mota destacó la falta de personal como uno de los problemas principales que enfrenta la Guardia Civil, argumentando que no solo es necesario incrementar el reclutamiento, sino también proporcionar más recursos materiales para combatir eficazmente la delincuencia. Además, hizo hincapié en la necesidad de un mayor apoyo institucional, lamentando la erosión del principio de autoridad y la creciente falta de respeto hacia las fuerzas de seguridad.

Denuncia la falta de apoyo institucional. Mota denunció la falta de apoyo tanto del gobierno como de las autoridades locales, lo que, a su juicio, contribuye a una sensación de abandono entre los miembros de la Guardia Civil. Criticó el enfoque actual que, en lugar de respaldar a la Guardia Civil, parece cuestionar su actuación, mencionando como ejemplo las recientes instrucciones sobre el procedimiento de detención que, según él, complican aún más la labor de los agentes. Subrayó la pérdida total del principio de autoridad y la ausencia de respaldo institucional, factores que considera críticos para el adecuado desempeño de la Guardia Civil en la región.

Así, el portavoz de Jucil en Cantabria, ha lanzado una crítica contundente hacia la gestión del gobierno central en cuanto a la dotación de recursos a la Guardia Civil, especialmente en lo que respecta a la prevención y lucha contra el crimen. Según Mota, existe una evidente carencia de medios necesarios que impide que la Guardia Civil ejerza su labor eficazmente, un problema que ha venido agravándose con el tiempo.

El portavoz destacó la desigual distribución de recursos, poniendo como ejemplo la situación de las flotas de la Guardia Civil en Andalucía. Mota señaló que, mientras en Málaga operan siete lanchas de la Guardia Civil, Almería no cuenta con ninguna, una discrepancia que pone en tela de juicio la eficiencia en la asignación de equipos y personal. Además, subrayó la preocupante inoperatividad de siete departamentos, lo que calificó de «inconcebible».

Otro punto crítico mencionado por Mota fue el desmantelamiento de equipos especializados, como el equipo de lucha contra el consumo de drogas. Este equipo, según él, había estado ofreciendo «resultados fabulosos» hasta su disolución, una decisión que refleja la falta de visión y apoyo institucional hacia la labor preventiva y correctiva de la fuerza.

La alarma que José Mota ha querido hacer sonar no solo gira en torno a la falta de medios materiales, sino también a la escasez de recursos humanos y al soporte institucional que debería ser incondicional. Esta situación, a su juicio, compromete la capacidad de ambas fuerzas, la Guardia Civil y la Policía Nacional, de cumplir con su cometido de proteger y servir a los ciudadanos, una misión que han llevado a cabo con honor y dedicación durante décadas.

Este llamamiento a la acción busca no solo visibilizar las dificultades que enfrentan las fuerzas de seguridad en su labor diaria sino también impulsar a las autoridades competentes a tomar medidas concretas que reviertan esta tendencia. La seguridad ciudadana, después de todo, debería ser una prioridad ineludible para cualquier gobierno. Por otro lado, Mota, ha subrayado la urgente necesidad de revisar y actualizar el catálogo de trabajos de la región para hacer frente a la creciente ola de criminalidad, especialmente en lo que respecta a los delitos telemáticos y los relacionados con drogas. Mota señala que, aunque los registros oficiales indiquen un déficit de 125 agentes, la realidad demanda la incorporación de al menos 400 agentes adicionales para abordar adecuadamente las necesidades de seguridad en Cantabria.

El aumento significativo de los delitos, con un promedio mensual de entre 1200 y 1300 incidencias solo en los ámbitos de drogas y delitos telemáticos en 2023, pone de manifiesto la insuficiencia de personal capacitado para manejar esta situación. Mota recalca que, de estos delitos, aproximadamente 300 mensuales pertenecen exclusivamente al ámbito telemático, lo que subraya la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades para garantizar la seguridad en la región. La asociación Jucil, por tanto, insta a una acción rápida y efectiva para reforzar la plantilla y la capacitación del personal, con el objetivo de responder de manera más eficaz a estos retos de seguridad emergentes.

a destacado recientemente que la Guardia Civil enfrenta una considerable carga de trabajo, principalmente debido a la gestión de delitos telemáticos y casos de violencia de género. Según Mota, esta situación ha llevado a una reducción en la atención prestada a la seguridad en las calles y en zonas rurales. El portavoz señaló que la necesidad de asignar un número significativo de agentes a la violencia de género implica inevitablemente una menor capacidad para atender otras áreas, lo que repercute negativamente en la seguridad general.

Mota explicó que, con un personal insuficiente, la Guardia Civil actualmente cubre el 98% del territorio nacional, enfrentándose a un incremento de los casos de delitos telemáticos. Criticó el modelo de gestión actual de estos delitos como obsoleto, argumentando que no se les daba el mismo tratamiento hace 20 años que el que requieren hoy, lo que contribuye a un aumento de la violencia, que se suma a los delitos telemáticos mensuales.

Para abordar eficazmente esta problemática, Mota subrayó la importancia de ofrecer un tratamiento adecuado y diferenciado a cada tipo de delito. Además, resaltó que la crisis de seguridad se ve agravada por la falta de recursos, así como por la insuficiente inversión en tecnología y capacitación.