El nuevo decreto ley de Consumo obligará a todos los mataderos a instalar cámaras de videovigilancia, un decreto que va en una dirección correcta, aunque la mayoría desconoce que ya está implantado en muchas instalaciones cárnicas desde hace años en España.

El país tiene una legislación muy estricta en este sector, antes de este decreto, ya disponía de una normativa que exige protocolos específicos de trabajo correctos. El problema de hoy, es que el Gobierno lo impone por obligación a todos y cada uno de los establecimientos cárnicos, aunque el coste para que la instalación de vigilancia y cumplimiento de la norma sea mayor que las ganancias de la empresa productora. Por ello piden o esperan que el Gobierno habilite ayudas para la instalación de cámaras en las instalaciones más pequeñas, y dependiendo de su tamaño, de menor o mayor cuantía. Afortunadamente, la mayoría de la población en España apoya el respeto y cuidado a los animales, y está a favor de normas que los protejan frente a maltratos. Pero muchos desconocen, incluidos algunos que tachan de poco menos que «asesinos» a los mataderos y sus profesionales que trabajan en este sector. Se trata de declaraciones que nada tienen que ver con la realidad hoy en día, sino más bien para conseguir algún que otro retweet y revuelo en las redes sociales que ahora está muy de moda.

La colocación de cámaras «es una medida que ya estaba asumida por el sector que, en los últimos años, las ha ido instalando de forma progresiva. Los mataderos son los primeros interesados porque el consumidor valora mucho el bienestar animal y sus clientes, los proveedores, les piden que esos animales sean sacrificados en las mejores condiciones», explica Ángel Garde Lecumberri, presidente del Colegio de Veterinarios de Navarra.

El sector cárnico español está viviendo estos últimos meses una importante «revolución normativa» que va a marcar de forma determinante el futuro cercano de la industria, tanto en el mercado interior como en los estratégicos mercados internacionales de la carne y los productos cárnicos. Pero, ¿a qué coste?  La normativa aprobada por el Ejecutivo sitúa a España como el primer y único país de la Unión Europea (UE) con sistemas de videovigilancia obligatorios para el control del bienestar animal (SVBA). Todos estos cambios, bien valorados, tienen un cuello de botella que puede seguir entorpeciendo la actividad de las empresas españolas en los cada vez más competitivos y difíciles mercados internacionales de la carne.

En esos mercados no solo se compite con empresas y operadores de otros países, sino también con administraciones y modelos de gestión unificados, con altos índices de eficiencia en el apoyo a sus empresas. Las organizaciones del sector como CONFECARNE: ANICE y FECIC recuerdan que España es el único país en la Unión Europea que mantiene un modelo de división de competencias administrativas entre departamentos diferentes (Agricultura-Sanidad-Consumo-Comercio), además de las competencias sanitarias de la Comunidades Autónomas.

Este sistema es contrario a esos dos pilares básicos de la legislación alimentaria de la UE como el enfoque integral «de la granja a la mesa» y el principio de responsabilidad de los operadores de la cadena alimentaria. Por ello el sector viene reclamando un cambio de modelo que prime la eficacia en la gestión, la racionalización de los recursos y la competitividad de España como país. En definitiva, lograr una unificación de esas competencias en un departamento como Agricultura, que garantice la coordinación de los controles desde el origen y entienda los requerimientos del sector de cara a los mercados exteriores.

Proyecto de ley de protección animal, impactos y consecuencias

El proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales, aprobado a principios de agosto por el Consejo de Ministros, contiene deficiencias y algunas contradicciones y podría generar posibles consecuencias e impactos en la biodiversidad, según han apuntado diversos expertos. Entre las medidas más polémicas se cuestiona la protección de las colonias de gatos e implantación del método Capturar, Esterilizar y Retornar (CER), además del listado positivo, que recogería las especies permitidas para la importación, el mantenimiento, la cría y el comercio como animales de compañía, según se definió en el anterior borrador publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La abogada en derecho animal de la organización de operadores jurídicos por los animales Intercids, Cristina Bécares, ha aclarado, en relación al tratamiento de los gatos, que finalmente «se prevé la esterilización de todos los gatos menores de seis meses que vivan en cualquier domicilio, la de cualquier gato de colonia y de animales que sean objeto de adopción» para que se pueda «controlar la cría incontrolada» de esta especie.

Asimismo, el presidente de Sociedad Herpetológica Valenciana (So.He.Va.) y vocal de Fauna, Txema López, considera que esta ley «parece estar escrita desde un punto de vista únicamente moral, no tanto basada en criterios científicos», y ha insistido en la «eliminación» de estas colonias que «están provocando graves problemas» con especies como aves o lagartos, sobre todo «acabando» con autóctonas en las islas Canarias, ha explicado.

Por otro lado, también ha criticado la introducción de un listado positivo, ya que, según López, puede «favorecer el tráfico de especies», que pasen a ser ilegales quedando fuera del listado y «recibiendo consideración de género prohibido» provocando que la especie no se reproduzca.

Según el texto, «todas las especies protegidas de alguna forma no van a poder estar en ese listado positivo», ha subrayado, insistiendo en que podría llegar a ser una «debacle económica y social de proporciones muy grandes» teniendo en cuenta que «España es un gran productor» de aves rapaces y loros, entre otras especies, y que perjudicaría, a su vez, a los trabajadores que se dedican a ello.

Bécares, por su parte, considera que hay otras medidas a mejorar como «determinadas situaciones que se podrían especificar un poco más», como el tiempo que se puede tener un animal atado o en un balcón, o incluso la distinción entre perros de compañía, perros de caza, ganado y pastoreo, cuando el propietario tenga que pasar por un curso de formación.