El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 en Santander ha desestimado la demanda de un funcionario de Carreteras que buscaba revertir su suspensión de funciones dictada por la Consejería de Obras Públicas. La suspensión, adoptada en el contexto de una investigación penal que se está investigando sobre la presunta corrupción en el Gobierno de Revilla, ha sido confirmada alineándose con la doctrina del Tribunal Supremo, que establece la potestad administrativa de suspender de manera provisional sin limitación temporal vinculada a la duración de la prisión provisional.

La sentencia, que se puede apelar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, indica que la resolución está "debidamente motivada" y justifica la proporcionalidad de mantener al funcionario suspendido durante el transcurso del procedimiento penal. Esta decisión se fundamenta en preservar los intereses públicos ante el riesgo que supondría mantener en su puesto al funcionario implicado en actividades delictivas.

El funcionario, implicado en un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Santander, había solicitado su reincorporación inmediata y la restitución de los haberes no percibidos desde que fue suspendido. Argumentaba, entre otros puntos, una "indeterminación" en la base normativa aplicada y una extensión indebida de la suspensión más allá de los seis meses estipulados.

Sin embargo, la magistrada señaló que la normativa aplicada por la Consejería, derivada de la ley de la función pública de Cantabria y normativa estatal complementaria, permite la suspensión de funciones en circunstancias como las presentes, y que no existe un límite temporal fijo para la medida.

La decisión del Juzgado resalta la relevancia de casos previos del Tribunal Supremo, que afirman la posibilidad de extender la suspensión más allá de seis meses o de la prisión provisional, siempre y cuando la decisión esté "motivada debidamente y resulte proporcionada". Este fallo subraya la autonomía de la administración para adoptar medidas cautelares en aras del interés público, en especial cuando están en juego la integridad y la confianza en las instituciones públicas.

Caso Obras Públicas en Cantabria 

Hace un año, la Consejería de Obras Públicas de Cantabria se vio envuelta en un escándalo de corrupción tras una intervención policial que sacudió el panorama político y mediático de la comunidad autónoma. La trama corrupta, descubierta en plena recta final hacia las elecciones autonómicas, desvió millones de euros a cuentas particulares y culminó con la dimisión de José Luis Gochicoa (PRC), entonces máximo responsable del departamento, afectando severamente la campaña de Miguel Ángel Revilla y el PRC, que sufrieron un histórico revés electoral.

El 22 de diciembre de 2023 se marcó como un día oscuro para la administración pública de Cantabria, cuando se destapó una estructura corrupta centrada en la adjudicación irregular de contratos de obra pública. La operación, llevada a cabo por la UDEF y la Agencia Tributaria, señaló directamente a Miguel Ángel Díez, jefe del Servicio de Carreteras, como presunto líder de la trama. Este y otros detenidos, incluyendo a su familia y a responsables de empresas beneficiadas, habrían manipulado licitaciones a favor de ciertas sociedades, resultando en un enriquecimiento ilícito significativo.

Mirando hacia adelante, la situación demanda una evaluación exhaustiva y transparente de las prácticas en la Consejería de Obras Públicas para restaurar la confianza en las instituciones públicas. La comunidad espera que se rindan cuentas y se tomen medidas para prevenir la corrupción, asegurando que los recursos públicos se utilicen en beneficio de todos los ciudadanos de Cantabria.