La Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria (Gesvican), sociedad dependiente del Gobierno regional, ha tomado la iniciativa de personarse en el procedimiento judicial en curso que investiga presuntas irregularidades en la contratación pública y actos de cohecho. Este caso, que se está tratando como una pieza separada del conocido como 'trama de Carreteras', ha resonado en los círculos políticos y empresariales de la región, poniendo a Gesvican en el punto de mira como la principal afectada.

La noticia fue confirmada este lunes por Roberto Media, consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, quien destacó la importancia de la participación activa de Gesvican en el proceso judicial para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. "A medida que avance la investigación y se vayan aportando más pruebas y declaraciones, podremos definir con mayor precisión el rumbo a seguir por nuestra empresa pública", señaló Media, subrayando el perjuicio que este escándalo ha supuesto para Gesvican.

El caso surge de una auditoría llevada a cabo en el departamento de Obras Públicas, donde se descubrieron irregularidades en algunos contratos gestionados por Gesvican. Estos contratos, según Media, están siendo objeto de un detallado análisis para determinar el alcance del fraude y del cohecho implicados.

El consejero también hizo hincapié en la importancia de mantener la presunción de inocencia para todos los implicados, incluido el funcionario detenido como supuesto cabecilla de la red, quien, tras pasar varios meses en prisión provisional, busca ser reintegrado a su puesto en el Gobierno de Cantabria.

Estas declaraciones se han producido durante la presentación de la campaña 'Dale una segunda vida a los envases' en Camargo, donde Media aprovechó para llamar la atención sobre este asunto que ha sacudido los cimientos de la administración pública cantabra.

El Gobierno de Cantabria y Gesvican, ahora personados en el proceso, se enfrentan al desafío de restaurar la confianza en las instituciones públicas, garantizando transparencia y justicia en el manejo de los recursos y contrataciones del estado. La comunidad espera ansiosa el desenlace de esta investigación que, sin duda, marcará un antes y un después en la gestión pública de la región.